Expedientadas varias líneas aéreas por no hacer billetes en catalán

La Agencia Catalana de Consumo ha abierto expedientes sancionadores a varias aerolíneas, la mayoría extranjeras, tras haber detectado distintos incumplimientos de normativas a las que están sujetas, entre ellos, el hecho de que billetes, tarjeta de embarque y otros documentos no consten en catalán. La patronal del sector pedirá al nuevo Gobierno autónomo más flexibilidad en un negocio de carácter internacional y gran implantación del billete electrónico.

La Generalitat ha inspeccionado en el último año a unas 30 compañías aéreas que operan en el aeropuerto de El Prat (Barcelona) y ha abierto al menos cuatro expedientes, según informó ayer Cinco Días. Un portavoz de Economía y Finanzas, departamento del que depende ahora la Agencia Catalana de Consumo, confirmó que la Generalitat ha abierto expedientes sancionadores a varias compañías aéreas por publicidad engañosa y cláusulas abusivas, mientras que las irregularidades en el cumplimiento de la Ley de Política Lingüística "sólo representan una parte mínima de estos expedientes". Las sanciones por no usar el catalán ascienden hasta 3.000 euros y el resto a 30.000. Ahora se abre un plazo de alegaciones y luego se resolverá si se aplica la sanción.

Una de las compañías expedientadas es Air Berlin, que ha asegurado que recurrirá cualquier futura sanción. "Vamos a recurrir hasta Estrasburgo, el castellano es un idioma oficial en todo el Estado", se quejó ayer el director de la aerolínea en España, Álvaro Middlemann. A su juicio, "la Generalitat no puede pedir que se potencie El Prat como aeropuerto internacional y luego hacer esto". Otras compañías inspeccionadas son British Airways, Lufthansa, Air France, Alitalia, Swiss, SAS y TAP, según fuentes del sector.

Una de las misivas, escrita en castellano y a la que ha tenido acceso este diario, también alerta de otros incumplimientos de la regulación: no dispone del cartel informativo con los derechos del usuario en el punto de venta, no cuenta con hojas oficiales de reclamación y el precio publicitado no se corresponde con el precio final a pagar por el consumidor, entre otras.

En cuanto al uso del catalán, el acta con fecha de 20 de octubre de 2006, señala: "Vulneración de los derechos lingüísticos de los consumidores y usuarios, dado que no constan redactados, al menos en catalán: el billete; la tarjeta de embarque; las condiciones generales de contratación no se encuentran a disposición inmediata de los clientes en ejemplares separados en catalán y en castellano" entre otros documentos. Este "cargo", según el acta de la Agencia Catalana de Consumo, señala que estos hechos "pueden ser constitutivos de una infracción administrativa".

Consumo también advierte del incumplimiento de las disposiciones de venta o prestación de servicios, puesto que las condiciones generales de contratación "constan redactadas en inglés, cuando deberían constar en el propio idioma del adherente".

El presidente de la Asociación Española de Compañías Aéreas (AECA), Felipe Navío, explicó ayer que tanto las compañías afectadas como la patronal "ha esperado a la formación del nuevo Gobierno catalán para pedir una reunión y explicar la dificultad de traducir a tantos idiomas billetes o tarjetas embarque, cuando el castellano y el inglés ya abarcan a todo el universo de usuarios".

Las facturas, contratos y cualquier documento de viaje deben figurar "al menos en catalán", según la Ley de Política Lingüística.

Con la nueva composición del Gobierno en Cataluña, las competencias de política lingüística vuelven a las manos de Esquerra, como ya lo estuvieron en la anterior legislatura hasta que los republicanos abandonaron el Gobierno en mayo. El líder de ERC y nuevo vicepresidente, Josep Lluís Carod, se limitó a señalar ayer que "los Gobiernos siempre tienen la obligación de hacer cumplir la ley, que para eso está". Carod señaló que "en el cumplimiento de la ley no puede haber excepciones" y manifestó que en el futuro la ley de política lingüística se debe cumplir de forma "natural".

No obstante, fuentes del sector consideran que el traspaso de la Agencia de Consumo de un departamento dirigido por ERC (Comercio, Turismo y Consumo) a una del PSC (Economía y Finanzas) propicia una aplicación más "flexible" de la ley.