El juez envía a prisión sin fianza al alcalde de Andratx y a un socio por corrupción

Eugenio Hidalgo, hasta ayer alcalde de Andratx por el PP y responsable de Urbanismo, y Jaume Gibert, socio en construcciones urbanísticas de Hidalgo y celador inspector local de obras, ingresaron ayer en la cárcel de Palma de Mallorca, con una orden de prisión incondicional dictada por el juez Álvaro Latorre. Los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pere Horrach pidieron esta medida contra ambos tras descubrir indicios de cohecho y prevaricación en su actuación. El lunes, ambos volverán a los juzgados para continuar con las declaraciones. Las defensas recurrirán el auto de prisión. Eugenio Hidalgo formalizó ayer su renuncia al cargo de alcalde en una carta entregada en el Ayuntamiento por su abogado.

El juez acusa a Hidalgo de delitos contra la ordenación del territorio, falsedad y prevaricación urbanística, cohecho, asociación ilícita, blanqueo de capitales y contra la hacienda pública, según declaró su abogado.

Pasadas las doce y media de la noche finalizó el interrogatorio del ex director general de ordenación del territorio del Gobierno balear, Jaume Massot, cerebro en cuestiones de urbanismo del Gabinete del presidente Jaume Matas, del PP. Massot quedó en libertad provisional con cargos, aunque debe entregar el pasaporte y tendrá prohibido abandonar España. Matas insistió ayer en negar que la detención de su alto cargo cuestione la actuación de Massot en su Gobierno porque la causa atañe a su relación de funcionario con el municipio de Andratx (casi 11.000 habitantes). Massot aseguró que no tenía sociedades ni cuentas secretas en Suiza, y que el patrimonio artístico que se le ha incautado es propiedad de su mujer.

Jaume Massot ejerció durante casi tres décadas el máximo control de la gestión del urbanismo de Andratx y, desde 2003, siguió interviniendo en el Ayuntamiento mientras era director general. "Este señor no podía hacer nada, no tenía responsabilidades ejecutivas, no firmaba, no hay proyectos con su firma", insistió Matas. El portavoz del PP de Baleares, Miguel Ramis, declaró que la corrupción es "inherente e inevitable a la condición humana".

La instrucción del caso Andratx se centró, en las primeras declaraciones de los tres imputados principales, en determinar el origen de los patrimonios inmobiliarios del alcalde y el celador de Obras y en su actuación en las sociedades mercantiles intervenidas.

La Fiscalía Anticorrupción atribuye sus fortunas en gran parte a las inversiones que han hecho beneficiándose de decisiones municipales en las que mezclaban sus intereses privados con sus cargos públicos. Dos de los tres detenidos tienen activas empresas inmobiliarias y constructoras, y el tercero, que trabajaba para el Gobierno balear, es propietario de una sociedad de gestión patrimonial inmobiliaria.

La estrategia judicial radica en corroborar el cobro de dádivas, por decisiones ilegales o prohibidas a funcionarios, bien en especie o mediante la intervención directa en negocios inmobiliarios.

La acusación se basa en grabaciones telefónicas a los implicados, en abundante documentación intervenida en sus despachos y en las denuncias aportadas por particulares, políticos y ecologistas.

El celador Jaume Gibert reconoció, según su letrado Juan Luis Matas, que ha efectuado promociones de construcción y compraventa de solares en al menos tres operaciones documentadas, pero negó haber recibido sobornos y firmado certificaciones falsas o irregulares para acreditar las características de solares. Gibert era el encargado de velar por la disciplina urbanística. Andratx, con un plan de antes de la democracia municipal, sobre una ley de 1956, es un caos general, con destrozos en parajes del litoral y protegidos.

Las extensas declaraciones de los imputados se celebraron ayer bajo secreto para las demás partes personadas. Cada detenido testificó ante el juez, los fiscales y su propio abogado. No se conocieron los autos de prisión ni los testimonios para preservar la integridad de la causa, y que se interfieran las investigaciones, se pacten los relatos o se destruyan las pruebas.

Las sospechas de los acusadores señalan "el blanqueo de capitales o el cohecho", por lo que se recogieron referencias de "cuentas corrientes, de ahorro, de depósito, libretas, fondos de inversión, seguros de vida, inversiones mobiliarias y cualquier otro producto financiero".