Madrid lidera una propuesta para subir un impuesto a los bancos

El Ayuntamiento de Madrid presentó el pasado julio una propuesta en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que las agrupaciones locales pudieran establecer un recargo sobre el impuesto de actividades económicas (IAE) a las entidades bancarias, según explicó ayer Juan Bravo, concejal madrileño de Hacienda. Bravo anunció la iniciativa durante el pleno de presupuestos, cuando el PSOE le pidió una tasa especial que grave a los bancos por tener cajeros en las calles.

La Comisión de Hacienda de la FEMP aprobó la proposición por unanimidad, y la elevó al Ministerio de Economía y Hacienda el pasado verano. La propuesta requiere modificar la Ley de Haciendas Locales. "No pretendemos una subida a todos los empresarios sujetos al IAE, sino hacerlo de forma selectiva a determinadas actividades, como la banca", explica Bravo.

El gobierno municipal plantea una subida de entre el 0,5% y el 3%. Según los cálculos del concejal, este coeficiente al alza del impuesto supondría un ingreso adicional para el Ayuntamiento de entre 23 y 46 millones de euros.

El ministerio lo estudiará

El edil del grupo popular aseguró que la propuesta no ha contado con el apoyo del Ministerio de Economía. El ministro, Pedro Solbes, remitió en agosto una carta a la FEMP en la que indica que la propuesta deberá respetar la Ley de Haciendas Locales, y anunció que estudiará esa iniciativa con "el mayor interés". No obstante, aún no se ha pronunciado.

La explicación de Bravo llegó después de que el PSOE presentara en el pleno una proposición para establecer una tarifa anual a los cajeros automáticos situados en la vía pública. La edil socialista en materia de Economía, Isabel Vilallonga, considera que, al igual que se grava la utilización de los vados de coches por "uso privativo de la vía pública", también deberían gravarse los cajeros por lo mismo. La medida fue rechazada por la mayoría absoluta del PP.

El concejal de Hacienda definió la iniciativa socialista como de "litigiosidad alta". Los bancos podrían acudir a los tribunales para anularla, según él. Además, el ingreso en caso de establecer esta tarifa sería de "sólo 450.000 euros" anuales. Frente a eso, defendió la propuesta de la FEMP: "Eso sí sería gravar a la banca".