"Minimizar los efectos de la condena sobre el entorno familiar"

El Gobierno de José María Aznar aplicó medidas favorables a los presos etarras desde unos días después de llegar al Gobierno, en 1996. Aquel año aprobó el acercamiento de 33 presos, la mitad de ellos con delitos de sangre, pese a que el funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara estaba secuestrado y a que, en los meses previos a aquella decisión ETA había asesinado a cuatro personas.

En la documentación del Ministerio del Interior, se justificaba así este trato de favor: "La implantación de una nueva política penitenciaria con los colectivos terroristas intenta minimizar los efectos que la condena e ingreso en prisión tiene sobre el entorno familiar del recluso, aunque siempre manteniendo elementos de separación entre los recluidos para que cada preso pueda decidir su futuro penitenciario sin presiones de la organización. El traslado de 33 reclusos terroristas se ha decidido tras un estudio individualizado de los internos de la organización".

El PP acercó a 195 presos de ETA, de ellos, 60 antes de la tregua y 105 en septiembre de 1999. Apenas tres meses después de la tregua, en diciembre de 1998, el Gobierno decidió acercar a la Península a 21 presos de ETA que cumplían condena en cárceles de Ceuta, Melilla o las islas Canarias. Entre esos reclusos estaban Iñaki de Juana Chaos y Domingo Troitiño, dos de los mayores asesinos de la banda terrorista ETA.

Para justificar esos acercamientos, el Ministerio del Interior elaboró un comunicado público donde se podía leer: "El factor territorial y geográfico, en función del singular alejamiento de estos presos, ha sido el motivo principal de esta decisión".