"La corrupción urbanística al estilo de Marbella es imposible en Euskadi"

El alcalde de Hondarribia, Borja Jáuregui (Hondarribia, Guipúzcoa, 1948) es el responsable de Urbanismo de la Asociación de Municipios Vascos-Eudel desde hace 12 años. Pero desde hace casi 30 trabaja en la administración en materias relacionadas con el urbanismo. Desde esa experiencia y su actual posición, Jáuregui asegura que la corrupción urbanística que parece haberse instalado en algunas comunidades es "imposible" que se de en el País Vasco. Jáuregui cree que el marco legal existente en la comunidad autónoma y el control efectivo que llevan a cabo las instituciones hace prácticamente invulnerable al sistema.

Pregunta. ¿Qué diferencia a Euskadi del resto del Estado ante los escándalos de corrupción?

"En el tema del urbanismo hay que prevenir porque tirar después una construcción que se declara ilegal no es nada sencillo"

"El control que ejercen el Gobierno y las diputaciones funciona. No es infrecuente que corrijan las propuestas de los ayuntamientos"

Respuesta. Lo que nos diferencia es que en Euskadi hay una estructura de poder, que también existe en otras comunidades, pero disponemos de instrumentos que otras zonas no han desarrollado. No concibo la ordenación urbana como un acto de una discrecionalidad absoluta y de toma de decisiones desde el punto de vista exclusivo de la localidad afectada. Debe enmarcarse en una visión general del territorio. Esa visión la dan otras administraciones, como diputaciones y Gobierno vasco. En Euskadi, disponemos de unas Directrices de Ordenación del Territorio (DOT), cuyo cumplimiento se ocupa de fiscalizar la comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco, donde están representados todos los departamentos del Gobierno que tienen incidencia en el territorio, las tres diputaciones, Eudel y la administración del Estado.

P. Es decir, que todos los planes urbanísticos municipales de carácter general y sus modificaciones pasan necesariamente por un informe de esa comisión

R. El informe es preceptivo y en algunas materias es vinculante. El plan urbanístico debe ajustarse a las DOT, que establecen la cuantificación residencial e industrial. Lo que significa intensidades de uso y cuánto se puede construir. Las DOT establecen un marco general donde, por ejemplo, un caso como el de Seseña es completamente imposible. Que un municipio pequeño de repente haga una urbanización de 10.000 viviendas no está previsto en las DOT. Como hay un órgano fiscalizador para que las propuestas de planeamiento se ajusten a las DOT, es legalmente imposible que se de esa construcción. En otras comunidades autónomas no hay un documento que vincule.

P. ¿Y cuál es la función de los planes territoriales parciales (PTP)?

R. El plan territorial parcial, que es un documento de ordenación del territorio, desarrolla de una manera más pormenorizada el marco de las DOT. El Gobierno aprueba las DOT, las diputaciones y el gobierno pueden formular los PTP, pero la aprobación es del Gobierno. A los ayuntamientos les queda la ordenación urbana, que es el último peldaño en la determinación de los usos del suelo.

P. También existe un elemento de control en la planificación urbana, que son los planes sectoriales.

R. Pues sí, son de carreteras, de costas, de protección del litoral, de protección de cauces y márgenes de ríos, prácticamente hay planes de todo.

P. Pero a parte de las reglas de juego, después está la forma de cumplirlas.

R. En las reglas de juego, lo que nos diferencia de las demás comunidades es que además del marco normativo hay muchos planes territoriales sectoriales. Por ejemplo, está la Ley de Aguas que dice que hay que proteger los cauces de los ríos. Después hay un plan territorial sectorial de protección que llega a la letra pequeña y abunda a fondo en la cuestión. Los ayuntamientos podemos opinar sobre esos planes, pero su aprobación corresponde al Gobierno o las diputaciones, en el caso de las carreteras. Cada materia con incidencia en el territorio tiene un plan territorial. Cuando inicio la revisión del plan general de ordenación urbana de mi ciudad lo primero que debo hacer es ver lo que incide sobre el municipio y que es competencia del Gobierno, diputación o el Estado. A continuación, se cogen todos los planes de intervención de las diferentes administraciones y ves lo que te queda.

P. ¿Un político se puede saltar los controles a la torera?

R. El control y la fiscalización que ejercen el Gobierno y las diputaciones funciona. De tal manera, que no es infrecuente que propuestas que hacen los ayuntamientos sean corregidas desde una perspectiva territorial más amplia. Los planes municipales son vistos y revistos por Gobierno y diputaciones en la Comisión de Ordenación del Territorio. La corrupción urbanística al estilo Marbella es imposible que se de en Euskadi. Fenómenos como que se den licencias ilegales no existe. Puede haber problemas de construcciones clandestinas en suelo no urbanizable, pero de alguien que hace una casa o una chabola en una finca. Cosas de ese tipo se pueden dar, pero son menores. Nada de crear una ciudad de la nada o que aparezcan 30.000 pisos ilegales. Llevó 30 años en el urbanismo en Gobierno, Diputación de Guipúzcoa, Eudel y Hondarribia y nunca he visto un caso de un alcalde que dé una licencia sin el informe en regla.

P. ¿Funcionan los controles jurídicos de los propios ayuntamientos?

R. Para que un político pueda ser corrupto o cometer arbitrariedades en materia urbanística o es un descaro que queda en evidencia y se le coge a la primera o es que tiene cómplices entre los funcionarios que tienen que informar. No conozco ningún enjuiciamiento de arquitectos municipales, que son los que hacen los informes técnicos para conceder las licencias. No conozco ni un alcalde que con un informe en contra del arquitecto municipal haya dado la licencia. En el urbanismo hay que prevenir porque tirar después una construcción ilegal no es sencillo. Puede haber errores en un convenio, pero pelotazos urbanísticos con políticos y funcionarios implicados es imposible aunque quieran.

P. Pero existe información privilegiada, que le soplen a un promotor que se va a calificar un terreno.

R. El margen que queda es que el político le sople a un promotor que un terreno se va a calificar, pero sin darle ninguna seguridad. Existe una regulación de los convenios urbanísticos muy estricta; deben contar con un informe del técnico correspondiente y se debe publicar, con lo que pueden participar los ciudadanos. No cabe decir que el alcalde ha negociado algo. Se ha tenido que amparar en el informe técnico correspondiente para ver si lo que dice el convenio se ajusta a todos los planes de Gobierno, diputaciones y Estado.