Los tribunales ya han ilegalizado en Marbella más de 2.800 viviendas

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado al menos 33 sentencias en las que anula licencias de obras concedidas por el Ayuntamiento de Marbella y que afectan a más de 2.800 viviendas. Diecisiete resoluciones ya son firmes y declaran ilegales 785 viviendas. La Junta de Andalucía, que impugnó las licencias, ha pedido al tribunal que ordene la demolición de 334 construidas en suelos que estaban reservados para equipamientos públicos.

De las 33 sentencias, 29 se refieren a promociones de viviendas, con 2.783 en total, aunque el número es superior porque en dos casos no están cuantificadas (un edificio de nueve planta más ático en el centro y una promoción en Cañada de Guadalpín). Las otras cuatro anulan los permisos para edificios comerciales y de oficinas.

Las sentencias se han emitido en los últimos tres años (la primera data de enero de 2003), pero la inmensa mayoría de las licencias a las que afectan las concedió el Ayuntamiento entre los años 1997 y 2000, cuando aún era alcalde Jesús Gil. Éste nunca participó en las comisiones de gobierno que las aprobaron, que presidía por delegación el entonces primer teniente de alcalde, Julián Muñoz.

Todas estas resoluciones no son sino una mínima parte de los contenciosos existentes contra el Ayuntamiento de Marbella por la concesión de permisos de obras contrarios al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente. Sólo la administración autonómica ha impugnado 389 licencias de obras desde el año 1995, cantidad a la que hay que sumar los recursos presentados por asociaciones y particulares.

El largo periodo de tiempo transcurrido desde la presentación de los recursos hasta que se dictan las sentencias ha motivado que la inmensa mayoría de las viviendas estén construidas y habitadas. Cada vez que la Junta de Andalucía ha impugnado una licencia de construcción en Marbella, solicitó al tribunal que decretara la paralización cautelar de las obras, pero hasta el año 2003 las denegó de forma sistemática.

Según el equipo que redacta el nuevo PGOU, durante los 15 años de gestión del Grupo Independiente Liberal (GIL) se han construido en la ciudad unas 30.000 viviendas ilegales. La Junta va a pedir la demolición de todas aquéllas que se hayan alzado sobre suelos que el planeamiento destinaba a sistema general de equipamientos y zonas verdes, unas 5.000 aproximadamente, pues considera muy grave la pérdida de dotaciones que ha sufrido la ciudad en estos años. De momento, ya ha pedido la ejecución por demolición de siete sentencias firmes que afectan a 334 casas y que se haga constar en el registro otras dos en las que no se han llegado a realizar las construcciones (un edificio de almacenes y una promoción de 13 viviendas).

Las otras ocho sentencias firmes están en estudio por los servicios jurídicos de la Administración autonómica, que presumiblemente pedirá la demolición de 216 viviendas de cuatro promociones construidas en parcelas donde estaban previstos equipamientos.

La mayoría de las casas construidas contra el PGOU, unas 25.000, incurren en infracciones que la Administración autonómica considera menos graves -exceso de edificabilidad, incumplimiento de tipología de construcción prevista o no contar con planes de desarrollo urbanístico- y podrían quedar legalizadas mediante un sistema de compensaciones, que se determinará en el nuevo planeamiento.

Imputados

De las sentencias anuladas hasta ahora por el TSJA sólo hay dos de promotores imputados en la Operación Malaya por el pago de comisiones ilegales. Se trata de Turismo y Recreo Andaluz (Turasa), una de las promotoras del grupo que preside José Ávila Rojas, en libertad bajo fianza de 500.000 euros. Una de ellas ya es firme y afecta a los 238 pisos del conjunto Banana Beach, que la Junta quiere demoler. La otra, es una promoción de 353 viviendas construidas en suelo industrial en el polígono de La Ermita.

La Junta de Andalucía tiene impugnadas 24 licencias de obras concedidas a distintas constructoras del grupo Ávila Rojas, casi la mitad del medio centenar de recursos contra promociones urbanísticas de imputados en la Operación Malaya.

La constructora vasca Obrainsa acumula tres sentencias, ninguna de ellas firme, que anulan los permisos de otras tantas promociones que suman 152 casas. El grupo que preside Francisco Arteche tiene más licencias impugnadas pendientes de resolución.

La otra constructora con más de una obra declarada ilegal (2) es Promotorauno, de la familia García Obregón. Se trata de un edificio de nueve plantas más ático en la calle Ricardo Soriano sin plan de desarrollo urbanístico (sentencia firme) y un complejo con 465 viviendas construido en suelo de equipamiento deportivo.