7.152 habitantes para 4.500 casas ilegales

Vilamarxant, en la comarca de Camp de Túria, es un caso fuera de lo normal. Tiene 7.152 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE); y 4.500 casas ilegales, según su Ayuntamiento. Lo dice el Concierto Previo al Plan General de Ordenación Urbana. Pero en realidad lo puede ver cualquiera que se vaya acercando al pueblo, desde Llíria o desde Cheste. En esta montaña, en el fondo de aquel barranco, en la zona de protección del futuro parque natural del Turia... Allí donde se busque, se encontrará un sospechoso grupo de chalés.

¿Cómo se ha llegado a esta situación? El alcalde, Vicente Betoret, del PP, afirma que la cosa empezó hace unos 40 años, con casitas que luego fueron ampliadas hasta convertirse en chalés. Y que el crecimiento ha sido progresivo e incesante, al menos, hasta su llegada al Ayuntamiento. "Nosotros hemos intentado frenarlo denunciando. Y hemos enviado muchos casos a la fiscalía, pero alguna que otra sigue apareciendo". Durante mucho tiempo, reflexiona Betoret, las autoridades municipales se limitaron a poner "multas simbólicas". "Y los propietarios contaban la infracción urbanística como un coste más", afirma el alcalde.

Otras fuentes afirman que el ritmo de construcción fuera de ordenación se desaceleró de forma significativa a mediados de los noventa. Y es cierto que en algunos lugares, como en las inmediaciones del Barranc dels Oms, pueden verse los cimientos de una casa junto a varios montones de ladrillos todavía embalados y aparentemente abandonados. A su alrededor, por varios de los caminos que suben hacia los montes de Les Rodanes -una de las piezas centrales del parque del Turia-, lindando o invadiendo las zonas de pinos, pueden contarse decenas y decenas de chalés.

Vista la desproporción entre habitantes y casas construidas sobre suelo protegido, la pregunta es: ¿quiénes son sus propietarios? El alcalde responde que aunque alguno lo sea, la mayoría de los dueños no son de Vilamarxant. Y otra fuente aventura que el pueblo ha sido tradicionalmente una zona de segunda residencia para habitantes de la ciudad de Valencia, pero sobre todo de los de Manises, Quart de Poblet, Mislata y otros municipios del área metropolitana de la capital.

Betoret afirma que la única similitud entre Catral -el municipio gobernado por el PSPV al que el Consell retiró las competencias urbanísticas por tener en su suelo unas 1.270 casas construidas sobre suelo no urbanizable- y Vilamarxant es que "el PSOE ha ocupado durante tres o cuatro legislaturas la alcaldía o la concejalía de urbanismo".

El alcalde de Vilamarxant considera "una barbaridad" la idea lanzada por el fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, de demoler las viviendas ilegales. "Eso podría afectar al 35% o al 40% de la sociedad valenciana", afirma, "no sé si estoy diciendo demasiado". Y cree que la verdadera solución llegará con la nueva ley urbanística valenciana, que impondrá sanciones a las compañías que suministren agua y luz a las viviendas que no tengan todos los papeles en regla. Betoret concluye: "Si uno sabe que no le darán de alta, no la construirá".