El fiscal pide archivar el caso contra Botín por falta de acusación

El juicio por el caso de las cesiones de crédito del Banco de Santander se inició por fin ayer, con la vista de las cuestiones previas, después de más de 14 años de tramitación. Y nada más iniciarse puede llegar a archivarse y, por tanto, a su conclusión, si prospera una cuestión de forma que planteó el fiscal Vicente González Mota al principio de la sesión y a la que se sumaron todos los abogados defensores de los acusados. El fiscal pidió la anulación del auto de apertura del juicio oral por considerar que no había acusación legitimada para instarlo y, en consecuencia, solicitó el sobreseimiento de la causa.

La cuestión previa planteada por el fiscal se resume en que para formular acusación en el procedimiento abreviado -y el del caso de las cesiones lo es en la actualidad- se requiere que la acusación proceda del fiscal o de algún perjudicado ejercitando la acusación particular, por ejemplo, el abogado del Estado o un particular afectado, pero no una acusación que ejerce la acción popular. Según la argumentación del fiscal, eso sería posible en los procedimientos ordinarios, pero no en los procedimientos abreviados, que llevan una tramitación especial.

En el caso de las cesiones, la juez Teresa Palacios abrió el juicio oral únicamente con la acusación de la Asociación para la Defensa de Inversores y Clientes, cuyo máximo exponente es el abogado y ex consejero de Banesto Rafael Pérez Escolar. Mientras, el fiscal solicitó en 14 ocasiones el archivo del caso y el abogado del Estado en otras siete ocasiones.

El fiscal y, obviamente, todas las defensas consideran que sólo puede formular acusación quien está facultado para ello y la citada asociación no está legitimada, por lo que el procedimiento no está validamente constituido. Ese defecto de forma, a juicio del fiscal y las defensas supone una vulneración del derecho a un juicio justo y con todas las garantías.

Si la cuestión previa prospera, y según fuentes de la Audiencia Nacional tiene muchas posibilidades de que sea aceptada, de nada serviría que la Asociación para la Defensa de los Inversores y Clientes, que ejerce la acción popular solicite para el presidente del Santander, Emilio Botín y otros tres directivos del banco 180 años de cárcel y 46 millones de euros de multa para cada uno, por su presunta participación en 36 delitos fiscales, un delito continuado de falsedad en documento oficial y otros tres delitos continuados de falsedad en documentos mercantiles.

La vista se reanuda esta mañana.