El juez deniega el cierre del centro comercial de Roquetas por el "inconmensurable coste social"

El juez de lo Contencioso-administrativo de Almería Jesús Rivera desestimó ayer el cierre del centro comercial Gran Plaza, en Roquetas de Mar (Almería). Este cierre fue solicitado por la Junta después de que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) declarase nula la licencia de apertura que dio el Ayuntamiento roquetero. El juez argumenta que el cierre sería desproporcionado y supondría un "inconmensurable coste social". Además, rechazó la petición de indemnización de un millón de euros reclamada por la Junta y los Comerciantes del Poniente (Copo).

El juez sostiene en un auto que es imposible ejecutar la sentencia que anula la licencia del Gran Plaza, que pronto cumplirá cuatro años abierto. "El principio de proporcionalidad no tolera que, transcurridos más de cuatro años desde la sentencia de instancia hasta la de la dictada en grado de apelación, se proceda, como consecuencia de la ratificación de la nulidad de la licencia de apertura, a la clausura del centro comercial, con sacrificio inútil e innecesario de riqueza y con un inconmensurable coste social", dice el juez.

Rivera, que ha atendido las alegaciones municipales, subraya que la clausura del centro comercial acarrearía el cese de actividad de los 135 negocios y 4.000 empleos. Recuerda que cuando él mismo anuló en primera instancia la licencia en el año 2002 éste era aún un proyecto inacabado. En cambio, cuando el TSJA la ha ratificado en octubre de este año la realidad es totalmente diferente ya que el centro comercial está a "pleno rendimiento".

En la resolución, el juez critica que la Junta diera posteriormente una licencia para un centro comercial en el municipio de Vícar. "Si bien no puede, ciertamente, aseverarse que ese comportamiento de la Junta de Andalucía sea injusto y arbitrario, sí sirve para enfatizar la clamorosa transgresión del principio de proporcionalidad que la clausura del centro comercial Gran Plaza supondría", dice.

"Sorprendente"

Fuentes de la Junta tildaron de "sorprendente" que el juez haya abordado en el auto "cuestiones de fondo que ya fueron resueltas por el TSJA" y en las que se dio la razón a la Administración autonómica. El juez, según estas fuentes, revisa estas cuestiones y las vuelve contra la Junta. "Nada de eso podría formar parte del auto", afirmaron estas fuentes.

Para tomar su decisión, el juez también tiene en cuenta el número de firmantes a favor del centro comercial, un criterio que según la Junta debería ser soslayado. "Parece que hay un peligroso mensaje de que puede obviarse el procedimiento de autorización de grandes superficies comerciales", añaden estas fuentes.

La Administración autonómica también destaca que en su resolución el juez haya criticado a casi todas las partes menos al Ayuntamiento de Roquetas, gobernado por el popular Gabriel Amat, presidente del PP de Almería, que fue el que dio la licencia ilegal.

En el auto judicial, el magistrado también desestima la pretensión de indemnización de un millón de euros pedida por la Junta por "daño moral". Afirma que esta indemnización es de "imposible justificación desde la perspectiva y consideración de la solicitud de una persona jurídica pública, como es el ente autonómico".Fuentes de la Junta destacan que la ley establece que cuando no se puede ejecutar una sentencia, como es el caso, existe la alternativa de obligar al infractor a pagar una infracción. "Al no atender ninguna demanda de indemnización se ha permitido que se obvie el fallo judicial inicial sin corregir ninguno de los efectos negativos que el funcionamiento ilegal del centro haya producido", añaden estas fuentes. Contra la decisión judicial cabe recurso en el plazo de 15 días ante el TSJA.

El delegado del Gobierno de la Junta en Almería, Juan Callejón Baena, mostró su "absoluto respeto" por la decisión judicial. "Tendremos que estudiar la resolución en los próximos días y ver qué posibilidades nos da", dijo. Por su parte, Juan Miguel Cano, abogado de Comerciantes del Poniente, anunció su intención de recurrir el auto.

Por su parte, Tomás Olivo, empresario que gestiona el centro comercial y que está imputado en la Operación Malaya, se mostró satisfecho con el auto judicial y dijo que se "demuestra que ni hay ni ha habido déficit comercial en la zona".

Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, partidarios de que se mantuviera abierto el centro comercial, suspendieron las movilizaciones convocadas para mañana y para el próximo 15 de diciembre en caso de que se hubiera decretado el cierre.