El PSOE acusa al alcalde de Jaén de beneficiar a un imputado en la Operación Malaya
![Ginés Donaire](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F45927f5a-76bf-4d88-b9b5-89aa721d4adb.png?auth=339c3297f4a00c8a0c3e1e9bc1cbe388192fd0235045d73758ba6652e101beff&width=100&height=100&smart=true)
El grupo socialista en el Ayuntamiento de Jaén acusó ayer al alcalde, Miguel Sánchez de Alcázar (PP), de haber negociado una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con el empresario cordobés Rafael Gómez, conocido como Sandokán e imputado en la Operación Malaya, con el fin de permitirle construir 1.153 viviendas en el paraje protegido de Cerro Almodóvar.
La actuación urbanística, que se paralizó por los informes negativos de la Junta de Andalucía, sí que posibilitó una importante recalificación del terreno, que en apenas unos meses multiplicó por 20 su valor, pasando de 600.000 a 12,8 millones de euros, según dijo ayer la viceportavoz del PSOE, Carmen Guerrero.
Los socialistas acusan al gobierno local, del PP, de "propiciar la especulación" en un suelo protegido que está dentro del Plan Especial de Protección de la provincia de Jaén. No obstante, el PSOE no aclaró a quienes fueron a parar los beneficios de la recalificación urbanística, que el PP sacó adelante en un pleno en abril de 2003, con los votos en contra de socialistas e IU.
De hecho, tras denegarse la operación inmobiliaria en ese paraje por parte de la Junta de Andalucía, Rafael Gómez -que adquirió estos terrenos en 2005- ha vendido el suelo a la empresa Grupo Pinar, que va a empezar a negociar con la Concejalía de Urbanismo la construcción de viviendas en ese lugar.
Además, el grupo socialista desveló que otro de los imputados en la Operación Malaya, el empresario José María González de Caldas, estuvo reunido con el concejal de Urbanismo de Jaén, Manuel Peragón, el mismo día de su detención, sin que haya trascendido el contenido de dicho encuentro.
Por lo demás, el PSOE acusó ayer al equipo de gobierno popular de haber elevado en nueve millones de euros más el coste del parking Avenida y de tener paralizado, un año después, cualquier proyecto de intervención en la plaza Coca de la Piñera.
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