MIRADOR
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

Villar

La fiscalización de la financiación pública de la Federación Española de Fútbol (FEF) correspondiente a 2002 y 2003 revela la existencia de irregularidades contables que comprenden certificaciones ficticias, facturas dudosas y ausencia de justificantes, según el informe presentado ante el Congreso por el presidente del Tribunal de Cuentas.

Desde hace años, cada vez que la Federación aparece en los papeles es por asuntos turbios. Si ahora ha llegado al Parlamento es porque una parte de su financiación -23 millones de euros en esos dos años- proviene de fondos públicos. Pero sus cuentas también han pasado por los tribunales, con su presidente, Ángel María Villar, como imputado. Más que a partidos y goles, la FEF se asocia a partidas de dinero poco claras y a oscuros tráficos de votos por indultos.

Hay equipos que se han ido de cabeza a Segunda coincidiendo con problemas de su presidente con la justicia. O simplemente, con la gestión de directivos liosos, de esos que mezclan sus intereses privados con los del club. Que algo así pueda estar pasando con la selección que representa a España es algo más que una sospecha. Y tiene repercusiones más allá de lo deportivo.

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Basta comparar la imagen que ha proyectado la selección de baloncesto con la que transmite el tándem Villar-Luis Aragonés para entender el creciente desapego popular hacia el combinado nacional. Villar lleva 18 años en la presidencia de la FEF y, con el tiempo, su estilo oscurantista se ha hecho costumbre. Es hora de que se vaya, como tendría que hacer cualquier persona elegida para un cargo representativo ante informes tan demoledores como el que fue presentado hace dos días en el Parlamento.

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