Anticorrupción decide investigar los manejos del ex director de Urbanismo de Madrid

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias para investigar la gestión de Enrique Porto, ex jefe de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, que desbloqueó un plan urbanístico sobre terrenos de su propiedad y tramitó otros planes que habían sido diseñados por una consultora de la que fue socio. La fiscalía ha analizado la denuncia que presentó el PSOE por estas supuestas irregularidades, donde se atribuyen al alto cargo los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, y ha decidido abrir una investigación para determinar si la conducta de Porto es delictiva.

El máximo responsable de la Fiscalía Anticorrupción, Antonio Salinas, no sólo ha ordenado la apertura de diligencias, sino que ha repartido ya las denuncias entre sus subordinados. La denuncia socialista sobre el caso Porto se refería concretamente a la gestión de un plan urbanístico en Villanueva de la Cañada (Madrid) en el que el ex director general de Urbanismo tenía propiedades. Tras desbloquear las trabas urbanísticas que tenían sus terrenos, los vendió obteniendo plusvalías multimillonarias.

También lograron grandes ganancias unos tíos de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, que habían comprado terrenos en la zona y que los vendieron una vez fueron eliminados los obstáculos urbanísticos que ponían algunos funcionarios de la Comunidad.

Los socialistas consideran que el ex director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid pudo incurrir en los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, y negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios.

Antes de ejercer como director general de Urbanismo, Enrique Porto había estado asesorando como arquitecto privado al alcalde de Villanueva de la Cañada, Luis Partida (PP). Porto lo reconoció en una respuesta parlamentaria: "Un pueblo pequeño que ha pasado de 1.000 habitantes en el año 79, cuando yo aparecí por allí, a 15.000 habitantes en 2005. El plan general lo hice yo y algunos planes parciales".

Colisión de intereses

La denuncia socialista pone de relieve cómo tras ser nombrado Porto director general de Urbanismo, en diciembre de 2003, se encargó su socio José María Fernández del Río del desarrollo de dicho plan general a través de la elaboración de distintos planes (parciales, proyectos de compensación y urbanización) que iría aprobando Porto como alto cargo de la Comunidad de Madrid. Esta colisión entre la gestión de Porto como cargo público y sus intereses privados tiene su mayor exponente en el sector de Villanueva de la Cañada denominado Los Pocillos.

El relato de hechos presentado en Anticorrupción recuerda cómo dicho sector fue bloqueado en mayo de 2003 por su antecesor en la dirección de Urbanismo al detectarse serias deficiencias en su planeamiento, y que el 12 de agosto de 2004, con el expediente ya caducado, Villanueva de la Cañada presentó en dicho departamento, con ligeras correcciones, el mismo documento rechazado un año antes.

A partir de ahí, Porto propuso en septiembre de 2004, para su aprobación en comisión de Urbanismo, y obviando los informes técnicos desfavorables, la subsanación de deficiencias.

Porto participaba en tres parcelas incluidas en dicho sector que el mismo había desbloqueado. Compartía terrenos con un concuñado del alcalde, Ricardo Ortega, y con su socio, José María Fernández del Río, autor del plan parcial. La denuncia socialista señala que estas tres personas han seguido el mismo modus operandi en "multitud de operaciones" que han practicado en Villanueva de la Cañada. Los socialistas recuerdan cómo Porto y sus dos compañeros de negocio compartieron un beneficio de 4,2 millones de euros entre la compra y la venta de sus terrenos tras desbloquearlos desde Urbanismo en 2004. La denuncia implica a otros beneficiarios del desbloqueo del citado sector de Villanueva de la Cañada: la empresa Alminar de Alvillas (propiedad de tíos y primos carnales de Esperanza Aguirre, los Gil de Biedma), que, al 50% con otra firma, compró por 419.995 euros unos terrenos en 2000 que revendió, también a medias, en 2006, por 4,6 millones.