El ex alcalde de Ciempozuelos avala con pisos la fianza para salir de prisión

El ex alcalde socialista de Ciempozuelos, Pedro Antonio Torrejón, abandonará previsiblemente esta semana la prisión de Valdemoro, tras haber avalado con siete de sus pisos la fianza de 900.000 euros que le impuso el juez Agustín Carretero, instructor del caso Ciempozuelos. Torrejón ingresó en prisión el pasado 4 de noviembre por supuestos delitos de cohecho y evasión de capitales. El otro ex alcalde encarcelado, por los mismos delitos e idéntica fianza, Joaquín Tejeiro, no ha logrado de momento reunir esa cantidad.

El juez Carretero cree que ambos han cobrado 1,8 millones de euros en comisiones de la inmobiliaria Esprode por recalificaciones de terrenos. Los dos ingresaron en marzo pasado casi un millón de euros en un banco de Andorra: casi 900.000 a nombre de Torrejón y 106.000 a nombre de Tejeiro. El dinero de Torrejón está bloqueado por orden judicial. Tejeiro se ha negado a decir al juez dónde guarda sus 106.000 euros. Según su abogado, Julio Aranda, Tejeiro no tiene medios para afrontar esa fianza y ha pedido que se le reduzca.

Torrejón, al poco de ingresar preso, dio instrucciones a su abogado, Marino Turiel, para que avalase con sus bienes la fianza. En su declaración ante el juez negó haber cobrado comisiones por recalificaciones de terrenos en el Sector 2 de Ciempozuelos, y argumentó que su patrimonio (15 pisos, de los que ha vendido 8 en los últimos años) es anterior a su llegada a la alcaldía en 2003, tras ocho años de mayoría absoluta del PP.

El comisario Miguel García-Izquierdo, jefe de la Brigada de Delitos Monetarios, está llamado a comparecer hoy en el juzgado como testigo en el caso Ciempozuelos. Según fuentes policiales no ha recibido ninguna citación para hacerlo como imputado.

Es previsible que el comisario García-Izquierdo relate cómo la Unidad de Prevención del Blanqueo de Capitales de Andorra (UPB) envió a primeros de mayo pasado un fax alertando a España sobre el dinero ingresado por los ex alcaldes de Ciempozuelos en un banco del Principado. El inspector jefe que recibió el documento, Mario Jiménez, supuestamente no lo registró en la brigada ni dejó constancia escrita de que se hubiera recibido. A continuación se lo dio al inspector jefe Vicente García Novoa para que investigara el asunto.

Comunicación policial

García Novoa no comunicó tampoco nada a sus superiores hasta el pasado 14 de septiembre, cuando habló por primera vez del caso Ciempozuelos a García-Izquierdo, recién nombrado jefe de la unidad. Al conocer el asunto, el comisario pidió a García Novoa que redactase un borrador para enviarlo a la Comisaría General de Información.

El borrador, que no requiere la firma de autor, fue retocado para ampliar algunos datos, según ha declarado el inspector en el juzgado. Pero finalmente fue enviado a la Comisaría General, el pasado 15 de septiembre, un escrito que es una tercera versión, corregida y aumentada, precisando que "consultados todos los jefes de sección de la brigada, ninguno de ellos tenía conocimiento" del caso Ciempozuelos hasta ese momento.

Fuentes policiales aseguran que, nada más saber el asunto, la Comisaría General de Policía Judicial contactó con la Fiscalía Anticorrupción e inició una investigación que permitió formalizar la denuncia el 3 de octubre ante la fiscalía. "El escándalo del caso Ciempozuelos lo destapó la policía; es rotundamente falso que haya habido algún tipo de ocultación", declara un mando policial, para responder a las acusaciones sobre una posible retención de la información.

Por último, el Ministerio del Interior está intentando aclarar si es cierto, como manifestó el pasado viernes García Novoa en el juzgado, que éste entregó a su compañero Mario Jiménez, en torno al 13 de septiembre pasado, una copia del primer fax.