El fiscal investiga por dos delitos a un alto cargo del PP canario

La construcción de una mansión en un espacio natural ha originado una denuncia del fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias contra el presidente del Partido Popular de Fuerteventura, Domingo González Arroyo. El alto cargo popular, ex alcalde de La Oliva, fue condenado en junio por contratar como topógrafo a su ex yerno a pesar de que éste no contaba con la titulación requerida.

Los hechos fueron puestos en conocimiento de la fiscalía el pasado mayo por Los Verdes de Canarias y fueron investigados por el fiscal de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Guillermo García-Panasco Morales.

En junio, una sentencia de la Sala de lo Penal del TSJC condenó a González Arroyo por delito de intrusismo al tener contratado en el puesto de topógrafo municipal al que fuera su yerno José María Pérez Palma, desde 1998 a 2003, a sabiendas de que carecía de la titulación académica imprescindible para ocupar ese puesto.

Ahora, la fiscalía acusa a ambos por la concesión de una licencia urbanística para construir una mansión (de la que es promotor Pérez de Palma) en un espacio natural protegido denominado el Malpaís de la Arena.

La nueva denuncia de la fiscalía señala que, en noviembre de 1996, el entonces alcalde del municipio de La Oliva, Domingo González Arroyo (con quien este periódico intentó ayer ponerse en contacto sin éxito), concedió una licencia para remozamiento de una casa antigua de piedra a favor de José María Pérez de Palma.

El informe de la fiscalía señala que por aquel entonces, Pérez de Palma había sido contratado como topógrafo municipal ("sin serlo, lo que ha dado origen al procedimiento judicial penal correspondiente"), y recoge la estrecha relación que ambos mantenían ("hasta el punto de que una hija de González contraería matrimonio con el Sr. Pérez Palma").

Amparado en la licencia de mero remozamiento, continúa el informe, Pérez de Palma ha construido un gran chalé muy superior a los antiguos límites de la vieja edificación y ha continuado las obras hasta la actualidad, según demuestran las inspecciones realizadas en 1998 y el pasado mayo de 2006.

En agosto de 1997 se dictó una resolución por la que se ordenaba la suspensión de las obras, bajo apercibimiento expreso de incurrir en un posible delito de desobediencia en caso de incumplimiento. Esta decisión fue notificada tanto al promotor de la obra como al Ayuntamiento de La Oliva, pero alegaron que contaban con licencia municipal. Disciplina Urbanística contestó que las obras se habían excedido de las ruinas e instó a la demolición de la construcción.

Sin embargo, según afirma el fiscal, el entonces alcalde de La Oliva hizo caso omiso, y lo mismo ocurrió con Pérez de Palma. Por ello se dictó orden de demolición de lo indebidamente construido. "Esta decisión", añade la fiscalía, "no ha sido hasta el momento ejecutada. Las obras han continuado en la actualidad, en sucesivas fases".

El Marqués de las Dunas, sobrenombre por el que se conoce a González Arroyo en Canarias, se enfrenta también a una acusación de cohecho por el supuesto intento de comprar el voto del concejal del municipio de Antigua, Francisco Almodóvar, quien basa su acusación en unas cintas magnetofónicas grabadas por él mismo. Supuestamente, recogen la intentona de soborno del presidente del PP en Fuerteventura.

Toda la isla ha podido escuchar esas cintas, ya que varios medios locales las han difundido ampliamente a pesar de estar decretado el secreto del sumario.