El Gobierno responde a Batasuna que "no admite chantajes"

La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega respondió ayer a Batasuna que el Gobierno no admite "chantaje ni precio político alguno". Su líder, Arnaldo Otegi, había dicho que para construir una "paz justa y duradera", la agenda de la mesa de partidos debe recoger el derecho a decidir y la territorialidad. Una "aproximación suficiente" sobre esas ideas desbloquearía el diálogo político. Otegi, que no mencionó la violencia de ETA, dijo que el "acoso judicial y policial" son dos de los "obstáculos mayores" para el proceso.

De la Vega siguió, tras el Consejo de Ministros, el guión que se ha trazado el Gobierno en esta etapa de bloqueo del proceso de fin dialogado del terrorismo: no dar un paso hasta que desaparezca de la escena la violencia de ETA, sea bajo la forma de kale borroka u otras, como el robo de armas en Francia.

La vicepresidenta ni siquiera quiso responder directamente a la declaración de Otegi, que, anunciada desde la víspera y con un formato excepcional, había suscitado una expectación que no se correspondió con los hechos. De la Vega lo hizo indirectamente, al señalar que el contexto en que se desenvuelve el proceso de paz es "la ley y la Constitución", y "dentro de la ley, todo, y nada fuera de la ley". Con ello respondía a la reclamación de Otegi de introducir en la agenda de la mesa de partidos el derecho de los vascos a decidir su futuro y la territorialidad. De la Vega también respondió indirectamente a Otegi sobre el "acoso policial y judicial" como "los mayores obstáculos del proceso". Dijo que "para avanzar es imprescindible la ausencia total de violencia".

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, se unió a De la Vega al responder a Batasuna que "sus declaraciones no serán atendidas mientras siga realizando manifestaciones de violencia y continúe sin buscar una fórmula para convertirse en algo legal".

La verificación sobre el final de la violencia por parte del Gobierno sigue pendiente no sólo por la kale borroka sino por la denuncia, añadida ayer, de la existencia de nuevas cartas de extorsión dirigidas a empresarios vascos. De la Vega aseguró que el Gobierno "investiga" las denuncias, y reiteró que "no acepta chantajes".

La intervención de la vicepresidenta estuvo precedida, dos horas antes, de una declaración de tres de los portavoces de la comisión negociadora de la izquierda abertzale para la mesa de partidos -Arnaldo Otegi, Rufi Etxeberria y Arantza Santesteban- que no aportó novedades de calado. La situación de "bloqueo" y "crisis" dibujada por Batasuna desde su declaración del 18 de agosto "se mantiene", según su foto fija. Y en una comparecencia en la que no se admitieron preguntas, abroncaron al Gobierno por "negar la crisis" y a "algunos agentes políticos", que no precisaron, por su "falta de compromiso" para rubricar un preacuerdo sobre el método, el calendario y la agenda política de la mesa de partidos.

El nudo que imposibilitaría el avance en el diálogo político en la mesa, según Batasuna, se llama de nuevo derecho de autodeterminación y territorialidad. "No se puede construir el futuro político acordado para nuestro pueblo desde las recetas y los estatus del pasado", advirtieron. Y la declaración recogía las reivindicaciones de máximos de la izquierda abertzale en ambas materias, especialmente desarrolladas en el caso de la territorialidad en su vertiente interna con las relaciones entre el País Vasco, Navarra y el País Vasco francés, y en su lado externo, lo que Batasuna llama el "modelo de relación" con España y Francia.

"Sólo desde fórmulas que den satisfacción democrática y suficiente a dichas cuestiones (...) será posible construir un escenario de paz justa, estable y duradera", recalcó Otegi, que reiteró su "firme compromiso" para buscar esa "aproximación suficiente" para desbloquear la constitución de la mesa.

No era el mensaje que se esperaba desde el socialismo vasco, que interpreta la declaración como un cierre de filas sobre un programa de máximos que empantana la situación. Su líder, Patxi López, citó como "punto de partida la ausencia total de violencia" y la "democracia, el Estado de derecho y la legalidad como hoja de ruta". "La paz duradera, estable y justa que quiere la sociedad vasca", agregó, "no va a venir nunca de la mano de ningún tipo de imposición particular de nadie, porque eso sería tanto que la paz tiene un precio político", en alusión al planteamiento de Otegi.