Gil defiende la legalidad de las obras suspendidas por Territorio en Sueca

Salvador Gil, alcalde socialista de Sueca, se ratificó ayer en los juzgados de la capital de La Ribera Baixa respecto a la legalidad de una licencia urbanística concedida por el Ayuntamiento y sobre la que pesa la suspensión de la Consejería de Territorio y Vivienda, y una anulación dictada, a instancias del Consell, por la sala segunda de lo contencioso-administrativo. Gil había sido citado por la juez Clara España tras la denuncia presentada por la agrupación local del Partido Popular. El PP imputa al alcalde, al arquitecto municipal Ricardo Linares y al redactor del proyecto de 25 viviendas en la playa de Bega de Mar, Enrique Redondo, delitos contra la ordenación del territorio; continuado de prevaricación; y continuado contra los recursos naturales y medio ambiente.

Los mismos principios defendidos inicialmente desde el gobierno municipal, expuestos ante la consejería y en el contencioso-administrativo, volvieron a ser explicados ante la juez de Sueca. "Hemos aportado extensa y detallada documentación en la que se avala que la licencia concedida está dentro de la más estricta legalidad", afirmó el abogado Fernando Alandete.

Las obras fueron paralizadas por el Consell en diciembre de 2005, bajo el argumento de que la parcela, de unos 2.000 metros cuadrados, estaba afectada por una suspensión temporal a la espera de la aprobación de Plan Rector de Usos y Gestión (PRUG) de L'Albufera. Para el otorgamiento del permiso, según la Administración autonómica, se hacía imprescindible el informe favorable de la junta del parque, que está dirigido por el concejal del PP en el Ayuntamiento de la capital de La Ribera Baixa José Segarra.

La licencia fue concedida el 14 de diciembre de 2004, dos meses antes de la entrada en vigor del PRUG. Gil, arquitecto de profesión y que siempre habla de un error de lindes por parte de la consejería, mantiene que el suelo afectado está calificado como urbano desde las Normas Subsidiarias del Planeamiento de 1977 y apto para edificación abierta (EDA) a partir de la aprobación del PGOU, ratificado por la Comisión Territorial de Urbanismo de 2 de mayo de 2001. Segarra, en su condición de concejal suecano (al tiempo que director-conservador del parque), participó con su voto favorable en la aceptación de dicho plan.

Por otra parte, la sentencia de la sala de lo contencioso-administrativo todavía no es firme por cuanto ha sido recurrida por el Ayuntamiento y Andian, SL, la empresa promotora.