La Junta de Andalucía pide a los jueces que ordenen la demolición de 334 viviendas construidas ilegalmente

La Junta de Andalucía ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la demolición de 334 viviendas de siete promociones diferentes cuyas licencias han sido anuladas en sentencias que ya ha hecho firme el Tribunal Supremo. El procedimiento de lo contencioso-administrativo determina que una vez que las resoluciones judiciales ya no son recurribles, la parte ganadora de un recurso puede pedir la forma en la que se ejecuta la sentencia.

Y la Consejería de Obras Públicas ha optado por solicitar el derribo de las construcciones ilegales al considerar que se trata de situaciones "muy grave" porque en todos los casos las licencias municipales fueron concedidas en terrenos que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente preserva para equipamientos generales de la ciudad.

Además, en el caso de otras dos sentencias igualmente firmes, la Junta va a solicitar al TSJA que las inscriba en el Registro de la Propiedad, toda vez que las obras de edificación de una promoción de 13 viviendas y una nave industrial aún no se han iniciado.

Entre los edificios ilegales que la Junta pretende demoler están cuatro de los nueve edificios de la urbanización Playa Golf Río Real, que suman 30 casas; 238 viviendas, aparcamientos y locales de la urbanización Banana Beach; seis pareados construidos por Moansa en Huerta Belón; 35 viviendas en un edificio que levantó Magma, SL, en la avenida del Trapiche, y 24 apartamentos, aparcamientos y la piscina en la urbanización Cerrado de Elviria, ejecutados en zona verde en el parque del Arroyo de la Víbora.

También se reclama derruir una vivienda en suelo no urbanizable protegido forestal de la zona de Manchones Altos que hizo Propiedades Jarpa, SL, y una nave industrial de materiales de construcción en la finca La Juanita, en suelo de equipamiento, según informó el director de la Oficina de Planeamiento Urbanístico de Marbella de la Junta, José María Ruiz Povedano.

La mayoría de las viviendas afectadas ya se encuentran ocupadas. En todos los casos, la Junta pidió en su día la paralización cautelar de las obras, que el TSJA rechazó. Desde el año 1995 la Junta ha impugnado en los tribunales 430 licencias de obras concedidas por el Ayuntamiento de Marbella en contra del PGOU vigente.