Bolonia

Estamos metidos en pleno proceso de implementación del Espacio Europeo de Educación Superior, más conocido como proceso de Bolonia, y no parece que las cosas estén demasiado claras. Un pequeño resumen para principiantes en el tema nos diría lo siguiente. Tras algunos precedentes, en 1999, los ministros de 29 países suscribían en Bolonia, una de las cunas de la institución universitaria, una declaración política de intenciones por la cual acordaban la creación de "espacio común universitario" que logre "incrementar la competitividad" y "el grado de atracción mundial" del sistema europeo ante el poderoso entramado universitario estadounidense. Tras la de Bolonia se han celebrado otras citas (Praga, Berlín, Bergen), con lo que el número de Estados europeos firmantes asciende a casi medio centenar. El objetivo fundamental es conseguir crear un sistema universitario europeo en el que las titulaciones puedan ser homologables y homologadas en los países miembros sin problemas, algo que no ocurre en la actualidad. Se fomentaría así la cooperación entre las universidades europeas y la movilidad de estudiantes y profesores, y se supone que así mejoraría la calidad de la investigación y de la enseñanza universitaria. Para avanzar en el enmarañado sistema de titulaciones y acreditaciones, la palabra mágica es el llamado "crédito europeo" o ECTS (European Credit Transfer System), con el cual se trata de hacer comparable (y homologable) lo que cada país hace en sus respectivos sistemas. A diferencia de lo que hasta ahora era un crédito en España (10 horas de clase), el ECTS incluye horas de trabajo del alumno, prácticas tutorizadas y seminarios. El énfasis se pone, por tanto, más en métodos inductivos de aprendizaje que en métodos deductivos de enseñanza. Más práctica que conduzca a conocimiento, menos adoctrinamiento que eventualmente consiga formación. Finalmente, a pesar de que la opción preferida en Cataluña era de tres años, el ministerio ha decidido (tras muchos meses de mensajes contradictorios, vacilaciones e idas y venidas constantes) fijar las titulaciones en cuatro años (240 créditos) e introducir en el sistema definitivamente los posgrados con una duración de un año (60 créditos) y una amplia oferta de "masters oficiales" a precios subvencionados.

Todo ello aparece como razonable. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿A qué vienen las quejas de numerosos universitarios? Son muchos los factores que contribuyen a ello. Para empezar, diríamos que la propia falta de credibilidad actual del proceso de unificación europeo proyectó su sombra en Bolonia. Y si Bolonia viene de Europa, y Europa es vista como un gran mercado y poca cosa más, la generalización actúa con rapidez. Por otra parte, y de manera más específica, Bolonia tiene también problemas conceptuales, sustantivos y sin duda operativos. Los conceptuales tienen que ver con la falta de consenso sobre los objetivos que se pretende conseguir. No hay una única manera de definir excelencia. Tampoco está claro que exista consenso sobre la necesidad de aumentar la competitividad, o si se quiere, con qué criterios medir la mayor o menor eficacia del sistema y la evaluación de sus resultados. Como en parte ocurrió con el referéndum de la llamada Constitución Europea, el consenso fue fraguado por las élites universitarias del continente, pero no se ha trasladado suficientemente bien a partes significativas de la comunidad universitaria. Existen muchos temores, algunos razonables, otros no tanto, sobre los efectos que puede tener sobre la Universidad el insistir sobre su aportación a la competitividad económica del país casi como único elemento para valorar si las cosas que se hacen son las correctas o no. El apabullante dominio de una concepción que entiende el conocimiento esencialmente como un recurso cada vez más central en la creación de riqueza, genera recelos y ansiedades por parte de los que ideológicamente se sienten lejos de esos valores, o de los que simplemente temen que su actividad no sea suficientemente rentable en los nuevos parámetros. Y a partir de esos recelos se extiende la idea que Bolonia es igual a mercantilización o de que es sinónimo de la conversión de la educación en un servicio más de los que se contemplan en los acuerdos comerciales internacionales o en las secuelas de la llamada directiva Bolkenstein. En esa línea se observa con preocupación que en los acuerdos se hable mucho más de la función productiva del conocimiento que de su función social.

En un plano más sustantivo, se recela de la incorporación de los posgrados como un paso casi necesario en la culminación de los estudios y, por tanto, como una división entre lo que algunos califican de "grados precarizados" y "posgrados elitistas". Se argumenta que se apuesta por un estudiante a tiempo completo, con más horas de dedicación, y que ello hará aún más difícil el acceso a los estudiantes con menos recursos. Se apunta que si bien la movilidad estudiantil es positiva, la falta de ayudas para ello la convertirá en opción para unos pocos. Y de ahí se pasa fácilmente a generalizar, trasladando la idea de que Bolonia es sinónimo de mercantilización y privatización. Palabras espantajo que ocultan muchas veces los aspectos positivos de una reforma mal diseñada, peor concretada y pésimamente narrada. Y es precisamente en estos aspectos operativos, de puesta en práctica de la reforma, donde existen más peligros de que zozobre. Desde mi punto de vista, Bolonia es más una oportunidad que una amenaza. Son evidentes los peligros de una deriva mercantilizadora de la Universidad, pero no creo que las previsiones de Bolonia agraven notablemente lo que ya acontece, y en cambio ofrecen la posibilidad de mejorar notablemente la actual oferta universitaria pública, alcanzando una mayor calidad. La reforma puede permitir sacudir la alfombra en la que se esconden muchísimas prácticas obsoletas y mucho conservadurismo revestido de academicismo bienpensante. No creo que sea desdeñable incrementar la flexibilidad y especialización de los estudios, y tampoco es negativo el favorecer el contraste, la movilidad, la internacionalización de nuestras prácticas docentes e investigadoras. Los costes y beneficios se repartirán desigualmente, y para evitar que ello genere mayores desigualdades de las ya ahora existentes, deberán incrementarse notablemente las becas y las ayudas de movilidad. Bolonia puede ser un paso más en el camino de convertir la educación en un elemento central de la segmentación social o puede ser una vía para reforzar las universidades públicas y su función social. Pero para que esto último sea posible, faltan narradores potentes y espacios de debate y de deliberación que permitan valorar adecuadamente peligros y oportunidades.

Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona.