El decálogo

Tanto en el PSOE como en el PP hay personas contrarias a cualquier entendimiento entre ambas formaciones. Todas ellas habrán recibido encantadas el decálogo de condiciones que pone el partido de Rajoy para apoyar al Gobierno en relación al difícil momento por el que, según reconoció el propio Ejecutivo, atraviesa el proceso para el fin de ETA. Pues se trata de una lista de propuestas destinadas, más que a facilitar el acuerdo, a hacerlo imposible.

Casi todos los expertos, y también los políticos conocedores de otros intentos de salida dialogada, han considerado deseable que el PP y el PSOE caminen de manera concertada. Así lo ha expresado por ejemplo el líder del PNV. Los dirigentes de Batasuna, por el contrario, tienen claro que eso no les conviene, y la última vez que lo dijo Otegi fue el pasado día 8, cuando advirtió a Zapatero de que no habría proceso de paz si el Gobierno evita "enfrentarse al PP" por temor a las encuestas.

Un Gobierno sin el respaldo básico de la oposición siempre será más vulnerable a los chantajes del mundo violento; por motivos electorales, como dice Otegi, pero también a la hora de resistir pulsos como el actual, que han llevado al Ejecutivo a plantarse y advertir que no se moverá ni un milímetro mientras no desaparezca la violencia callejera y no se den seguridades de que no habrá vuelta atrás. Esa respuesta de firmeza es más eficaz si va avalada por los dos partidos. Pero el PP ha elegido otra cosa. Su decálogo se compone de banalidades como la exigencia de que Zapatero condene todo acto de violencia o respete la memoria de las víctimas; provocaciones como la petición de que el Gobierno difunda las actas de sus contactos con ETA y del PSE con Batasuna; exigencias extemporáneas, como el compromiso de que no habrá mesa de partidos; o retóricas, como que hay que volver a la vía de la derrota de ETA. Si la unidad forjada en torno al Pacto Antiterrorista es tan importante como dice Rajoy (y lo es), no puede condicionarla a compromisos que son o gaseosos o inviables.

Esta iniciativa se produce poco después de otra aún más inverosímil: la querella presentada por el PP contra Patxi López por su entrevista con Otegi. Como ha dicho estos días el presidente del Gobierno de Navarra, una cosa es criticar esa decisión del secretario de los socialistas vascos, y otra querer meterlo en la cárcel. Al judicializar la cuestión y darle tratamiento de delito se lleva el asunto a un terreno inmune a la crítica política. Y se dan argumentos para que también desde el lado socialista se considere inútil cualquier intento de recomponer la unidad. Entre decálogos y querellas, sólo los que no la quieren, como Otegi, tienen motivos para celebrarlo.