Violencia y decálogo
El grave episodio de kale borroka ocurrido el pasado viernes en Bilbao -un grupo de alborotadores intentó quemar vivo a un policía municipal- es la prueba del nueve de la distancia existente entre la retórica pacificista y la verborrea democratizadora procedentes del mundo de ETA y los comportamientos reales de la banda terrorista, Batasuna y la miríada de organizaciones, grupúsculos y cuadrillas del nacionalismo radical. Las esperanzas despertadas por el alto el fuego permanente de ETA del pasado 22 de marzo y por las optimistas declaraciones del presidente del Gobierno sobre el venturoso desenlace final del proceso "largo, duro y difícil" iniciado con la tregua terrorista habían tenido que orillar desde temprana fecha noticias inquietantes que desmentían o ensombrecían ese sonriente horizonte. En efecto, las declaraciones en mayo al diario Gara de dos dirigentes de ETA, los posteriores comunicados de la banda y las manifestaciones públicas con freno y marcha atrás de los portavoces de Batasuna no respetaron los requisitos exigidos por la resolución del Congreso de 2005 para un final dialogado de la violencia.
Es cierto que las acciones terroristas -de alta o baja intensidad- no han producido muertos desde hace tres años y medio; sin embargo, durante las últimas semanas se han multiplicado las agresiones a las fuerzas de seguridad, las amenazas personales y los atentados contra sedes de partidos (sobre todo, del PSE-PSOE), establecimientos bancarios y mobiliario urbano. El alarde fusilero de la banda terrorista en las campas de Aritxulegi próximas a Oiartzun el pasado septiembre y el robo el 24 de octubre de 350 pistolas cerca de Nimes aumentan las razones para pasar del escepticismo templado al moderado desaliento.
Los portavoces del nacionalismo radical se llaman a engaño por las resoluciones judiciales condenatorias de sus militantes y por la política de orden público de los Gobiernos de Madrid y de Vitoria: a su juicio, mientras no cesen esas "agresiones a la izquierda abertzale" la respuesta de la kale borroka estaría justificada. La inconsistencia lógica y la mala fe sofística de ese simulacro de argumentación, característico de la alucinada percepción de la realidad social de los grupúsculos, hace inútil cualquier crítica racional de sus contenidos; no sólo equipara las sentencias del Supremo o de la Audiencia Nacional con la lucha callejera, sino que atribuye su autoría última al Gobierno. Además de negar a los aparatos estatales el monopolio legítimo de la violencia, los portavoces de Batasuna simulan ignorar las reglas de la separación de poderes dentro del Estado de derecho y fingen desconocer las discrepancias del Gobierno con las sentencias que establecieron la doctrina Parot y la segunda condena de De Juana.
El futuro cuyo advenimiento ETA aguarda como bello ideal es el mismo porvenir que los populares pronostican como negro destino ineluctable: el cumplimiento del programa máximo del nacionalismo radical. Según el PP, existiría un pacto secreto entre el Gobierno y la organización terrorista que incluiría la capitulación del Estado de derecho (el cese de la persecución policial, la impunidad judicial de las causas abiertas y la excarcelación de los presos), la ruptura de la unidad española y la independencia de Euskal Herria tras la anexión de Navarra y la incorporación de las comarcas vasco-francesas. La intimidatoria actitud de la izquierda abertzale, que amenaza al Gobierno con recurrir a la fuerza para conseguir sus pretensiones, y la respuesta del presidente Zapatero, que subordina el llamado proceso de paz a la ausencia de violencia y al respeto a la legalidad, desmienten esa pretendida confabulación, fabricada -como la teoría de la conjura del 11-M- en los talleres paranoicos de la visión conspirativa de la historia. Tal vez Zapatero y la mayoría del Congreso se hayan equivocado al suponer que el proceso de final dialogado de la violencia con ETA estaba ya maduro. Pero sería una vileza que el PP denunciase en tal caso al presidente del Gobierno por su eventual error de apreciación y continuara a la vez sosteniendo la calumniosa tesis de su pacto secreto con ETA; el sinuoso decálogo de condiciones para reincorporarse al consenso antiterrorista difundido anteayer por los populares confirma desgraciadamente su voluntad de seguir jugando a dos barajas.
