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Tribuna:EL REGLAMENTO DE LA LEY ANTITABACO

Banderas para ocultar las lanzas

El autor defiende que la libertad y la solidaridad nada tienen que ver con consumir cigarrillos, y que la Ley Antitabaco sólo limita el derecho a fumar en ciertos ámbitos para que la población que no fuma no se vea afectada por la exposición al humo del tabaco.

No hay ninguna duda de que el tabaco es perjudicial para la salud. Existe un acuerdo unánime en que se debe proteger a los menores de la exposición al humo de tabaco y se ha demostrado que inhalar aire contaminado por humo de tabaco (tabaquismo pasivo) es también perjudicial para la salud.

Dado que todas estas evidencias resultan hoy incuestionables, para defender el consumo de tabaco a día de hoy es necesario utilizar otros argumentos. Se apela entonces a principios de la convivencia, como la libertad, la tolerancia o incluso la solidaridad. Principios o valores a los que nuestra sociedad, quizá menos libre, tolerante y solidaria de lo que debería, es especialmente sensible.

Y así se puede leer que se acosa al fumador (hay que ser tolerante) cuando se intenta regular que los espacios públicos, incluido el entorno laboral, sean libres de humo. Cuando ni la tolerancia, ni la libertad ni la solidaridad tienen nada que ver con consumir o no cigarrillos.

Se traslada el debate sobre un tema de salud a un debate de libertades o de derechos con el fin de confundir a la población

Tampoco la Ley del Tabaquismo limita la libertad de nadie a fumar o no fumar en su ámbito privado, sino que lo único que hace es proteger de la exposición a una sustancia altamente carcinógena a la mayoría de la población que no fuma.

De esta manera, bajo un prisma de valores, se traslada el debate sobre un tema de salud (el tabaquismo) a un debate de libertades o de derechos y al final se busca el objetivo de confundir a la población. La industria tabacalera ya no necesita organizaciones pantalla que defiendan sus postulados, como el Club de Fumadores. Ahora dispone del apoyo franco de políticos con responsabilidades en algunas comunidades autónomas. Los argumentos basados en la "tolerancia", que incluye la "buena educación", junto a tildar de fanáticos a los que defienden la legislación, forman parte de su estrategia de comunicación destinada a retrasar o evitar las medidas preventivas realmente eficaces para controlar el tabaquismo.

La Comunidad de Madrid niega con su decreto la evidencia científica del impacto del humo ambiental de tabaco en la salud. Niega que las separaciones en los locales de hostelería deban ser "físicas" y "completamente compartimentadas", tal y como dice literalmente la ley estatal.

Niega la posibilidad de proteger de la exposición a potentes carcinógenos a los niños y niñas que asisten a un banquete de boda celebrado en locales públicos, convirtiendo además a estas celebraciones en puntos de recaída en la adicción y escuela de nuevos fumadores.

Niega que la prohibición de fumar en el trabajo deba ser completa para que sea efectiva en la protección de quienes no fuman y en ayudar a los que quieren dejarlo, o al menos reducir el consumo. Y, lo que es más grave, niega el consenso político de todos los partidos del arco parlamentario que se obtuvo el 15 de diciembre de 2005.

Los motivos para esta actuación son un tanto turbios, pero en el mejor de los casos son una clara muestra del populismo en su versión más deleznable. Esa clase de demagogia que juega con la salud de todos para intentar conseguir un puñado de votos.

Las comunidades que están boicoteando la Ley Antitabaco plantean como argumento central que hay que ser tolerante, que el fumador se siente acosado. Cabría preguntarse si afirmarían lo mismo con los maltratadores, con los conductores borrachos. ¿Hay que ser tolerante con el maltrato de género, con los conductores que no acatan la ley y generan accidentes de tráfico?

Está claro que no, pero parece que con el tabaco, que origina mucha más enfermedad y muerte prematura que esas causas, sí que hay que ser tolerante.

La tolerancia y la libertad son valores de los que nadie se puede apropiar para defender intereses particulares. Ya vemos quién aplaude a la Comunidad de Madrid por su flamante decreto: los comerciantes, los hosteleros y, por supuesto, las tabacaleras.

La salud pública requiere algunos sacrificios individuales: no beber alcohol cuando se tiene que conducir, usar un preservativo si se tienen relaciones sexuales de riesgo, perderse algunos días de escuela o de trabajo si alguien está afectado de una enfermedad transmisible... salir a fumar al aire libre cuando uno está en un centro de trabajo o de ocio en el que no se puede fumar. La sociedad en su conjunto entiende que hay bienes jurídicos y constitucionales, como el derecho a la salud, que se hallan por encima de otras consideraciones.

Por lo visto algunos políticos no han entendido este principio tan elemental. Hay que desconfiar de aquellos que se llenan la boca de "prevención" y "educación" pero se oponen con los hechos a aplicar las medidas preventivas que son realmente eficaces, que son bien conocidas por los expertos y han sido aplicadas con éxito en muchos países europeos y de otros continentes.

Desconfiemos de quienes hablan continuamente de practicar la tolerancia con el tabaco: sólo sacan las banderas para ocultar las lanzas.

Rodrigo Córdoba García es presidente del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo (CNPT), organización integrada por 40 sociedades científicas y asociaciones del ámbito sanitario español.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 13 de noviembre de 2006