Escuela y sociedad

Si de algo pueden presumir con propiedad los valencianos -al margen de la temporada de ópera del Palau, claro está- es de leyes. Hoy en día, gracias a la laboriosidad del Gobierno, el valenciano dispone en la práctica de leyes para casi todo. Esta generosa abundancia tiene la ventaja de que, en cuanto surge un problema, basta aplicar la ley correspondiente para que el asunto quepa darlo por resuelto. Las leyes valencianas tienen, además, el privilegio de ser las leyes más modernas y avanzadas de Europa. Esto es algo que saben todas las personas y que los propios miembros del Gobierno se encargan de recordar en cuanto tienen ocasión.

Si algún reproche cabe hacer a estas magníficas leyes no es su perfección, desde luego, sino su escasa efectividad. Por un misterio que aún no ha sido resuelto, estas normas tan perfectas pierden su eficacia en cuanto entran en contacto con la realidad. Reparemos, por ejemplo, en el territorio, un problema de permanente debate. Deberemos admitir que la Comunidad Valenciana dispone de leyes admirables para asegurar la protección del territorio. Sobre este punto, no creo que quepa la menor duda. Sin embargo, basta mirar el estado que presenta nuestra costa para comprobar que esas leyes tan extraordinarias no han funcionado llegado el momento de ponerlas en práctica.

Durante la pasada semana, se han producido diversos episodios de violencia escolar que han llevado el tema al primer plano de la actualidad. Ante los sucesos, la reacción inmediata de la consejería de Educación ha sido anunciar un decreto para atajar este desagradable asunto. Se piensa crear -así lo ha asegurado el director general, Josep Vicent Felip- un código de convivencia escolar que fije los derechos y obligaciones de los alumnos, padres, y profesores. Habrá que esperar la redacción de este decreto y ver cuál es su aplicación práctica para saber en qué queda la cosa. Es probable, sin embargo, que se necesite algo más que leyes para remediar los males de la escuela. Los sucesos actuales han llamado la atención sobre el problema, pero el malestar en los colegios no comenzó hace unos días precisamente.

He leído con interés buena parte de cuanto se ha publicado sobre la violencia escolar estos días, que ha sido mucho. Como sucede en estos casos, que son de una enorme complejidad, las opiniones han sido variadas y las coincidencias escasas. Podría decirse que cada persona que ha escrito en los diarios presentaba una opinión sobre el problema, distinta a la de los demás. Los profesores responsabilizan a las familias de la situación, y lamentan las escasas posibilidades que tienen para hacerse respetar; las asociaciones de padres culpan a los profesores, que no han sabido -afirman- adaptarse a las nuevas circunstancias; los sociólogos, por su parte, hablan de crisis de autoridad.

Curiosamente, en el debate he encontrado pocas referencias a la sociedad. De hacer caso a las opiniones manifestadas, se diría que la escuela es una institución que vive en una burbuja, aislada del resto de los ciudadanos. Pero sabemos que la escuela no es, no puede ser otra cosa que un reflejo de la sociedad en la que se encuentra. Los ejemplos que cada día se exponen en clase al alumno son negados acto seguido por la realidad de la calle. En la política, en la economía, en el trabajo, se actúa a diario en un sentido casi siempre opuesto al que propone la escuela. Cuando aceptemos que entre la conducta de un alumno que recurre a la fuerza contra un profesor, y la del presidente de un club de fútbol que pretende apropiarse de un bien comunal no hay diferencia, habremos dado un paso adelante para entender los problemas de la escuela.