La Cámara pide al Constitucional que no ampare a una ex parlamentaria socialista

Los servicios jurídicos del Parlamento han pedido al Tribunal Constitucional que desestime la solicitud de amparo planteada por la ex parlamentaria socialista Irene Novales, quien no pudo emitir su voto en diciembre de 2004 en el pleno que debatía los presupuestos del año siguiente. El empate que se habría producido de haberse registrado correctamente su voto hubiese supuesto, al ser el tercero en la tramitación del ptoyecto, la devolución de las cuentas al Ejecutivo. El informe de los servicios jurídicos sostiene que el fallo del sistema electrónico de votación es imposible y atribuye lo ocurrido a un error de la propia Novales. Aporta además informes técnicos y actuaciones de otros parlamentos ante conflictos similares.

El informe jurídico achaca también lo sucedido al ambiente crispado y de fuerte desconfianza que vivían los grupos de la Cámara en aquellos días. Describe reiteradamente la secuencia de actos que deben realizar los parlamentarios para contar como presentes en el hemiciclo y poder después votar y concluye que Novales colocó mal su tarjeta, por lo que el sistema electrónico la consideró ausente y le impidió, por tanto, votar, por más que pulsara el botón correspondiente.

El letrado mayor de la Cámara, Eduardo Mancisidor, quien suscribe el informe, atribuye igualmente un fallo al entonces presidente del Legislativo, Juan María Atutxa: haber creído ver en algún momento de la votación, como dijo en dos ocasiones, que se producía un empate a 37, lo que indicaría que el sistema llegó a registrar el voto de Novales y luego éste desapareció. "El señor presidente se equivoca en esto", destaca el informe, y lo que vio hubo de ser un empate a 36, hasta que todos los votos terminaron de reflejarse en el panel.

"Hay que considerar los agitados momentos políticos, (...) la formidable repercusión del suceso (...) y el precario equilibrio político, dada la relación de fuerzas, (...) para comprender la presión, o mejor, la aprensión y el temor con que bastantes parlamentarios veían el sistema de voto electrónico", apunta el informe de alegaciones enviado al máximo intérprete de la Carta Magna, que admitió a trámite hace ahora un año el recurso de amparo presentado por Novales y el PSE.

"Éste es el contexto de nerviosismo y recelo" en que se produjo el episodio que afectó a la parlamentaria socialista y otros dos ocurridos dos meses después, en febrero de 2005, que los socialistas aportaron como prueba de los supuestos fallos del sistema de votación. El texto enviado ahora al Constitucional para pedirle que niegue el amparo a la parlamentaria supuestamente privada de su derecho a votar afirma que el PSE cita esos casos para "desacreditar la fiabilidad y seguridad del sistema".

"Error humano"

El informe niega también "con toda claridad y firmeza" que en esos dos casos siguientes hubiese tampoco fallo alguno e insiste en el "enrarecido clima político" de una Cámara "atenazada por el nerviosismo y la desconfianza hacia el voto electrónico" en aquellos días.

Las alegaciones del Parlamento concluyen que en las tres ocasiones no falló el sistema, sino las personas. En el caso de Novales, su actuación "no se adecuó a la diligencia que resulta exigible" a la hora de introducir la tarjeta correctamente e identificarse como presente antes de votar.

Mancisidor adjunta tres informes para avalar su afirmación de la inexistencia de fallo técnico alguno, redactados por el jefe de mantenimiento de la Cámara, la empresa ICOM, encargada de la operativa del sistema y Bosch Security Systems, fabricante del equipo.

El PSE ha sido "incapaz de describir o identificar en qué consistía el fallo" y sus afirmaciones "únicamente ponen de manifiesto que desconoce el funcionamiento y características del sistema", alega la Cámara. "La lógica y la experiencia apuntan hacia un error humano", añade.

El texto de las alegaciones sostiene que la Constitución ampara en su artículo 23.2, que los socialistas consideran conculcado por Atutxa, el derecho al voto, "pero no así el derecho a que se repita una votación". El informe equipara esa situación con el supuesto de un parlamentario que llega al salón de plenos cuando ya se han cerrado sus accesos para iniciar la votación. Ésa fue precisamente la causa de que el Gobierno lograse sacar adelante sus presupuestos anteriores, por el retraso del entonces presidente del grupo popular, Jaime Mayor Oreja.

Las alegaciones citan varios precedentes ocurridos en el Congreso y el Parlamento catalán, en los que se rechazó repetir las votaciones y pide que se deniegue el amparo a la ex parlamentaria.