La escalada de la violencia callejera sitúa el proceso de paz en un momento crítico

El proceso para el final dialogado de la violencia pasa por un momento crítico. La cadena de incidentes callejeros en Euskadi, culminada el viernes por la noche en Bilbao con el ataque de unos encapuchados a dos policías municipales (a uno de los cuales intentaron quemar vivo), ha encendido las alarmas políticas, incluidas las del Gobierno central y el vasco.

Un portavoz del Ministerio de Interior consideró que los hechos constituyen un "paso atrás" que "afecta a la esencia del proceso, que es el fin de la violencia". La vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, añadió que el Ejecutivo no aceptará "intimidaciones ni chantajes" y que, en consecuencia, no va a "cambiar de rumbo" ni a moverse "ni un milímetro" de las reglas fijadas de abandono de la violencia.

El Gobierno socialista califica el último ataque como un "paso atrás" y afirma que no acepta "intimidaciones"

El Ejecutivo de Ibarretxe considera de una "gravedad extraordinaria" el intento de quemar vivo a un policía en Bilbao

Fuentes de Batasuna aseguran que no controlan a De Juana Chaos ni las organizaciones que apoyan su huelga

El PSE responsabiliza directamente a Otegi de la violencia y le exige que la desactive

A estas críticas se sumó la portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate, quien consideró los hechos de "gravedad extraordinaria". Y apostilló, dirigiéndose a Batasuna: "Si antes teníamos ya suficientes luces naranjas encendidas", ahora "tenemos que hacer una llamada de atención a quienes dicen que quieren sacar la lucha de la calle". El dirigente del PNV, Iñigo Urkullu, llamó la atención a Batasuna porque "no se puede llevar adelante un proceso en el que haya expresiones de violencia".

Esta línea crítica fue mantenida por todos los demás partidos democráticos. Unos y otros reclamaron a la izquierda abertzale que condene la "gravísima" violencia callejera. El PSE fue especialmente duro al responsabilizar a Batasuna de los graves incidentes del viernes.

Por los ataques de Bilbao han sido detenidos dos jóvenes. Uno de ellos, de 18 años, ha sido puesto a disposición judicial acusado de desórdenes públicos y atentados. El otro, de 17 años, seguirá en dependencias policiales a la espera de lo que decida la fiscalía de menores, que ha pedido la prórroga de su detención.

Para los partidos citados la última agresión de la kale borroka (lucha callejera) es un "salto cualitativo" en la regresión que el proceso atraviesa desde agosto. Desde esas fechas, ha reaparecido el terrorismo callejero muchos fines de semana, ETA ha perpetrado el robo de 341 pistolas en el sureste de Francia, a fines de octubre, y en una escalada creciente y peligrosa, el viernes unos encapuchados estuvieron a punto de abrasar a un policía municipal.

La denuncia de esta regresión que el Gobierno de Rodríguez Zapatero ha dirigido, este mismo fin de semana, a los líderes de Batasuna y de ETA aparece unida a otro mensaje: "Cuando comparan la kale borroka con 'las agresiones' de los jueces es que no han entendido nada de este proceso".

Este mensaje va dirigido a los líderes de Batasuna. Estos tratan de justificar la kale borroka como una respuesta a la sentencia judicial que ha condenado por amenazas al preso etarra Iñaki De Juana a 12 años y medio de prisión por dos artículos publicados en Gara. Batasuna ha tratado de trasladar al Gobierno la responsabilidad de dicha sentencia, y le ha reclamado que utilice la mayoría de que dispone en el Parlamento para reformar leyes -como la Ley de Partidos o el Código Penal- ante la actitud de algunos jueces que, con sus sentencias, "obstaculizan el proceso".

El Gobierno, atrapado en la dinámica de la nueva huelga de hambre de De Juana en protesta por la dura sentencia de la Audiencia Nacional y la kale borroka, se ha decantado por exigir a ETA y Batasuna que cumplan con sus compromisos de abandono de la violencia, en un caso, y de asumir el protagonismo político del proceso, en el otro.

El Ejecutivo, según fuentes socialistas, no se encuentra en condiciones de pedir a los jueces que sigan en sus sentencias las recomendaciones de la Fiscalía General del Estado para que actúen con una flexibilidad acorde con los nuevos tiempos. Esta posibilidad quedó debilitada una vez que la kale borroka rebrotó en agosto y ha quedado muy tocada cuando la violencia, lejos de aminorarse desde entonces, se ha agravado con el robo de pistolas por parte de ETA en una armería francesa a finales de octubre.

"¿Cómo puede decidirse un juez a ser flexible en una sentencia a un miembro de ETA después de ese robo, cuando, si le absuelve, no tiene garantías de que pueda ser uno de los que tomen esas armas para matar a un ciudadano?", señalaba esta semana un miembro relevante del Gobierno.

El Ejecutivo tiene claro que sólo es posible una flexibilización de la justicia con los etarras presos cuando ETA "dé muestras inequívocas de abandonar la violencia". En ese momento, habrá un cambio en la opinión pública que empujará a los jueces a actuar de acuerdo con los "tiempos de distensión". Antes no es posible y, por tanto, el Ejecutivo cree que son ETA y Batasuna las que tienen que hacer el esfuerzo de detener la violencia, pues la base del proceso de paz no es otra que "avanzar en la medida en que desaparezca la violencia", como dice la resolución parlamentaria de mayo de 2005, base del proceso.

Sin embargo, Batasuna, según aseguran fuentes cercanas a esta organización, no controla ni las decisiones de Iñaki De Juana, como su huelga de hambre, ni tampoco sus organizaciones de apoyo, que son autónomas, como Askatasuna.

La dirección de Batasuna tiene ante sí el reto de que De Juana puede convertirse en un símbolo en la izquierda abertzale. Y si su huelga de hambre se prolonga teme que incida de manera muy seria en la kale borroka, que, de hecho, se reanudó en agosto, al calor de la primera huelga de hambre del preso de ETA. Por ello, la dirección de Batasuna trata de ponerse al frente de las manifestaciones a favor de De Juana para controlar la situación.

En estas condiciones, ni en Batasuna ni en el Gobierno hay ninguna garantía de que la violencia amaine en los próximos días y semanas, que es lo mismo que decir que nadie se atreve a hacer pronósticos sobre el futuro del proceso. Ésta, su incertidumbre, es una novedad respecto a las crisis precedentes que el proceso ha padecido en los más de siete meses pasados desde la declaración del alto el fuego permanente del 22 de marzo.

Precisamente, una de las paradojas de este proceso es que ha encallado donde no esperaban sus protagonistas, en la puesta en marcha de la mesa de diálogo entre el Gobierno y ETA, que no puede constituirse por la presencia de la violencia. Sin embargo, en el terreno político, que corresponde a los partidos vascos, las fuentes consultadas coinciden en que en pocas semanas podría cerrarse un preacuerdo sobre metodología y contenidos de la mesa de partidos, aunque la constitución formal de ese foro podría aplazarse a la celebración de las elecciones municipales de mayo, previa legalización de la izquierda abertzale.

Los avances en este terreno son los que hacen pensar a los partidos vascos que es difícil la marcha atrás en el proceso. Pero tampoco ninguno se atreve a hacer un pronóstico definitivo ante la escalada violenta de las últimas semanas.

En este sentido, el Gobierno desoye la reclamación del PP de que "rompa el proceso". "Esa reclamación no se entiende. Si ya hemos dicho que con ETA no hay diálogo mientras haya violencia, ¿qué es lo que nos quiere decir el PP con esa reclamación?", reflexionan fuentes gubernamentales.

Aunque el Ejecutivo sostiene que es ETA la que tiene que dar muestras de que quiere la continuidad del proceso con el cese absoluto de la violencia, tampoco duda de que el PP seguirá poniendo todas las trabas posibles al mismo. El PP ya ha anunciado que combatirá el proceso, una vez que lo ha colocado en el centro de su estrategia electoral, al dejar de lado el 11-M y la política territorial, tras su pacto con el PSOE en la reforma del Estatuto andaluz.