Jauría en Bilbao

Horas después de que Otegi ensayara un ofensivo sarcasmo sobre la llamada kale borroka, una jauría de encapuchados intentó quemar vivo a un agente de la Policía Municipal de Bilbao rociándole con gasolina. Ciudadanos decentes lo impidieron. Es un ataque que cuenta con precedentes, como el sufrido en Rentería por un ertzaina cuyo rostro quedó desfigurado bajo su casco ardiente. El intento de repetir ese alarde de barbarie ha puesto de manifiesto lo que hay detrás de expresiones como "conflicto político" y otras esgrimidas para justificar la persistencia del terror.

Lo grave de las palabras de Otegi no fue que insinuara que él puede detener ese terrorismo (y a la vista está que no lo hace), sino que considerase normal condicionar su cese a la impunidad para los que cometen delitos. La suya es la lógica del encapuchado que lanza un molotov contra un objetivo callejero en protesta por la ocupación policial de Euskadi, y cuando llega la policía declara que se ha demostrado la ocupación policial que obliga a lanzar artefactos incendiarios. Otegi no es un adolescente. El martes se cumplen dos años de su famoso discurso en Anoeta, aquel en el que anunció su disposición a sacar el conflicto de las calles y llevarlo a la mesa de negociación, y en el que enunció el compromiso de la izquierda abertzale de utilizar vías exclusivamente políticas y democráticas. ¿Cómo encaja eso con su comprensión hacia las amenazas de ETA de volver a las andadas si no se cumplen sus exigencias? Y si es verosímil que ataques como el de Bilbao no sean organizados directamente por Batasuna, ¿por qué ninguno de sus dirigentes se atreve a pronunciar una sola palabra de condena?

En Irlanda está a punto de franquearse un paso decisivo para enterrar definitivamente el terrorismo. Ello ha sido posible porque, pese a sus ambigüedades, Gerry Adams tuvo claro que era al IRA a quien correspondía dar el paso decisivo: el de comprometerse de manera fehaciente a abandonar las armas. Sin eso, las negociaciones no son posibles, y ha sido oportuno que así lo haya reiterado ahora el Gobierno. Es evidente que no puede haber ni un paso hacia una salida en términos de paz por presos si unos encapuchados dicen en Oiartzun que van a seguir dando tiros hasta alcanzar la independencia y otros roban poco después 350 pistolas en Francia. También es evidente que el criterio de aplicación de la ley de acuerdo con las condiciones del momento tiene doble filo: la condena a De Juana por amenazas terroristas podría haber sido más benévola si no hubiera habido amenazas en Oiartzun, confirmadas por la vía de los hechos en Nimes y ratificadas por el Zutabe.

El proceso parece en vía muerta, aunque hay razones de prudencia política para no darlo por fracasado. La principal es que a estas alturas ETA carece de alternativa al abandono de las armas que hasta las bases de Batasuna daban por seguro; y su brazo político no puede ignorar que si ni siquiera es capaz de oponerse a las jaurías de encapuchados callejeros seguirá en (o regresará a) la más estricta ilegalidad; y que no podrá concurrir a las elecciones de mayo, ni siquiera con el disfraz de las tierras vascas.