Madrazo pide que sólo desgraven las personas "con dificultades"

El consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo, insistió ayer, durante la explicación de los presupuestos de su departamento en la Cámara, en que las tres diputaciones deben adaptar su política fiscal a las orientaciones del Plan Director de Vivienda y limitar las deducciones por compra de vivienda a los colectivos "con dificultades". "No se puede perdonar impuestos a quien puede comprar una vivienda de 600.000 euros", reiteró en la Cámara, pese a que las diputaciones ya se han negado a variar la política de deducciones.

Madrazo se quejó de que se haga recaer toda la responsabilidad en este campo en su departamento, mientras otras instituciones "reman en sentido contrario". Reclamó también la implicación de los ayuntamientos para sacar al mercado los pisos vacíos y anunció que su departamento inspeccionará el uso de 12.000 viviendas protegidas más que este año para prevenir y constatar fraudes.

El presupuesto total del departamento, que el consejero calificó de "netamente inversor", alcanza 259 millones de euros. Si se incorpora la sociedad pública Visesa, instrumento de la consejería para la promoción y gestión de vivienda, se superan los 513 millones, un 5,8% más que este ejercicio, y con el servicio Alokabide, la sociedad dedicada al alquiler, las cuentas rozan los 600 millones.

Vivienda absorbe 187,2 millones, lo que supone una subida del 4%, mientras que las partidas dedicadas a cooperación crecen un 14,6% y alcanzan los 39 millones. La política de inmigración crece un 14% y se le destinarán 6,8 millones, mientras que los servicios sociales registran un crecimiento más moderado (el 5%) y se sitúan en 23 millones.

En las cuentas no figura la agencia pública prevista en la Ley de Cooperación, algo que la oposición resaltó. El titular del departamento precisó que la ha excluido "por respeto al Parlamento", que aún no ha aprobado dicha ley. Tampoco figura ninguna referencia al acuerdo alcanzado por el propio Madrazo con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales sobre la ley de Dependencia, por importe de 8,7 millones, y sobre el que el tripartito mantiene diferencias.