El Gobierno vasco retira los pisos vitalicios a la cúpula judicial

La decisión del Ejecutivo vasco de retirar a los máximos responsables de los tribunales y de la fiscalía en Euskadi las viviendas públicas de que disfrutan cuando finalicen sus mandatos fue adoptada en la reunión del Consejo de Gobierno celebrada el 26 de septiembre, 16 días antes de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco acordara encausar al lehendakari por reunirse con Batasuna. La medida fue anunciada, a preguntas de las parlamentarias de EHAK, el miércoles pasado durante la comparecencia en la Cámara del consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, para presentar sus presupuestos para 2007. La directora de Relaciones con la Administración de Justicia, Inmaculada de Miguel, negó ayer en conversación con este periódico que dicha medida tuviera algún tipo de relación con la decisión del Superior sobre Ibarretxe. "No existe tal vinculación", puntualizó De Miguel.

La notificación por carta de la decisión gubernamental a los afectados -el presidente del Tribunal Superior, los presidentes de las tres Audiencias y los tres fiscales jefes, aunque dos de los siete no se han acogido a la prerrogativa de la vivienda oficial- es anterior a la airada declaración institucional del Ejecutivo vasco contra la decisión judicial. La vicelehendakari Idoia Zenarruzabeitia, tras conocer la imputación de Ibarretxe, advirtió el 17 de octubre que encausar al lehendakari "no va a resultar gratuito" y tendrá "consecuencias negativas en las relaciones institucionales". Las misivas fueron enviadas el 6 de octubre, según Justicia.