Un "problema mayor" para los dos grandes partidos

La regulación en los Estatutos de Autonomía de las competencias en materia de aguas va dejando un reguero de agravios en forma de recursos ante el Tribunal Constitucional. En la mayoría de los casos, los recurrentes consideran que dejarán de recibir agua que les es imprescindible y, en otros, porque alguna comunidad se atribuye la exclusividad del control y la gestión de las aguas. El patriotismo de territorio prima sobre el del partido.

La guerra del agua no sólo enfrenta a los barones del PSOE, sino que también ha llegado al PP. Socialistas y populares de Aragón y Castilla-La Mancha se enfrentan con socialistas y populares de la Comunidad Valenciana y Murcia, que se benefician de los trasvases.

Socialistas y populares de Extremadura consideran que Andalucía se ha extralimitado en la competencia sobre el Guadalquivir. El presidente extremeño, el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra, ya ha anunciado recurso de inconstitucionalidad al texto andaluz en ese aspecto. Por su parte, Aragón y Castilla-La Mancha, se enfrentan al estatuto valenciano, -éste es el único recurso ya planteado ante el Constitucional- por cuanto establece el derecho de esa comunidad a las "aguas excedentarias". El Estatuto catalán, también ha sido recurrido por el Gobierno valenciano por impedir los trasvases.

Las iras del PP y del PSOE de la Comunidad Valenciana y de Murcia se han levantado por el borrador de acuerdo entre esos dos partidos de Castilla-La Mancha. También hay enojo por el aragonés cuyo Estatuto está ya en el Congreso, tomado en consideración, pero en fase de enmiendas. Castilla-La Mancha ha decidido establecer una fecha de caducidad para el trasvaso del Tajo-Segura en 2015. Aragón establece una reserva de agua de 6.550 hectómetros cúbicos, que es una forma de blindarse frente a posibles trasvases.

El PP intentará que el desgaste sea para el PSOE. "Nosotros estamos en la oposición en Castilla -La Mancha y en Aragón y es verdad que nuestra posición provoca problemas en Murcia y en Valencia, pero si para nosotros es problemático, mucho peor es para el PSOE, que encima tiene la responsabilidad de gobernar. Por eso estamos convencidos de que será el PSOE quien lo arregle en el Congreso. Así se lo hemos explicado a nuestra gente en Murcia y la Comunidad Valenciana, y lo entienden", asegura un relevante miembro de la dirección central del PP.

Gustavo Alcalde, el líder del PP en esta comunidad, apoyó un Estatuto con esa reserva de agua que es en la práctica alinearse con las tesis del presidente aragonés, Marcelino Iglesias. El Gobierno del PSOE no están de acuerdo en absoluto. El PP de Aragón tuvo el aval expreso de Mariano Rajoy para apoyar el Estatuto aunque también sabe que la Generalitat Valenciana (PP) lo recurrirá ante el Constitucional si se mantiene esa reserva de agua.

El futuro Estatuto que quieren populares y socialistas para Castilla-La Mancha ha puesto en guardia a PP y PSOE en Murcia y en la Comunidad Valenciana los populares. María Dolores de Cospedal, la candidata castellano-manchega del PP, persona de la máxima confianza de la dirección nacional, ha pactado con el PSOE un estatuto, impulsado por el presidente socialista José María Barreda, en el que se señala que en 2015 se acabará el trasvase Tajo-Segura.

Ramón Luis Valcárcel, presidente de Murcia, auguró que "el proyecto no va a prosperar porque el PP va a quebrarlo".

El portavoz del Gobierno murciano, Fernando de la Cierva, anuncia la batalla: "El Gobierno regional no mantendrá ninguna ambigüedad en este asunto, como hacen los socialistas. El propio presidente Valcárcel ha mantenido contactos, al más alto nivel, en las últimas horas, con representantes del PP a nivel nacional, para que el acuerdo Barreda-Cospedal no prospere". Los socialistas murcianos, encabezados por su líder Pedro Saura, también se oponen radicalmente al fin del trasvase del Tajo que pretende Castilla-La Mancha.

Lo mismo ocurre en la Comunidad Valenciana. El portavoz del PP en el parlamento autonómico, Serafín Castellano, afirma que su partido seguirá reivindicando "el derecho al agua" en relación al trasvase Tajo-Segura y sostuvo que los Estatutos de autonomía "no están para limitar ni prohibir derechos" ni tampoco para "vetarlos". La amenaza está sobre la mesa: los diputados valencianos en el Congreso no votarán el texto castellano-manchego si mantiene esos términos. El PSPV-PSOE, que dirige Joan Ignasi Pla, está en la misma línea. "No podríamos ni siquiera aceptar su toma en consideración", advierten fuentes de la dirección del socialismo valenciano. Las direcciones del PP y del PSOE tratarán de evitar que en el Congreso se vote por territorios y no por partidos.