Chaves pide que no se extienda la sospecha de corrupción en 16 municipios a toda Andalucía

El urbanismo sostenible es una prioridad para el Gobierno andaluz que aplicará el lema de "no pasarán" a todos los planeamientos, convenios o licencias municipales que incumplan criterios contra la ordenación del territorio. Sin embargo, para el PP, el principal partido de la oposición, las medidas del Ejecutivo socialista llegan tarde tras 25 años seguidos de mandato. En estos dos platos de la balanza se movieron ayer el presidente de la Junta, Manuel Chaves, y la popular Teófila Martínez en la sesión de control del Parlamento. Para el socialista la sospecha sobre 16 ayuntamientos andaluces, investigados por los jueces o los fiscales, no puede "contaminar" a los 770 municipios de la comunidad.

El desarrollo urbanístico sostenible ha pasado a ocupar un lugar preferente en la agenda de los partidos políticos, una vez que el debate sobre la reforma del Estatuto de Autonomía está ya encarrilado -ahora falta que los andaluces ratifiquen en referéndum el texto aprobado por sus representantes- y las elecciones municipales de 2007 están a la vuelta de la esquina.

El PP no tiene dudas de que el responsable de los casos de "corrupción urbanística" en Andalucía ha sido el Gobierno socialista por "su pasividad" durante tantos años. Esta tesis la defendió ayer en la sesión de control al Gobierno la presidenta del grupo popular, Teófila Martínez, para quien "no es de recibo" que la llamada ley del Suelo, que limita los crecimientos urbanísticos y establece unos criterios básicos de ordenación, haya visto la luz en 2003, "con 20 años de retraso".

La tesis que intentó exponer la diputada popular y alcaldesa de Cádiz es que los socialistas son los que han "generado el clima propicio para la corrupción urbanística" y también, "los grandes consentidores" del desarrollo desordenado. Según Teófila Martínez, el Gobierno andaluz durante años ha mirado para otro lado ante algunos despropósitos urbanísticos, todo dicho con el particular estilo que la caracteriza.

Chaves negó que la situación que se da en algunos sitios pueda generalizarse a todos los Ayuntamientos. También aconsejó "humildad" a la hora de hablar de corrupción urbanística ya que ésta salpica a personas de todos los colores políticos. En concreto, el presidente habló de 16 Ayuntamientos investigados bien por los fiscales o por los jueces por "casos de presunta corrupción".

Aunque desde la tribuna del Parlamento no dio nombres de esos Ayuntamientos, Chaves se refería a los siguientes municipios, según informaron fuentes del Gobierno andaluz: Marbella, Manilva, Gaucín, Cómpeta y Benalmádena, en la provincia de Málaga; los almerienses de Carboneras y Roquetas de Mar; Armilla (Granada); El Puerto de Santa María, Ubrique, Tarifa, Jimena de la Frontera, La Línea de la Concepción, en Cádiz; Camas y Bormujos, en Sevilla; y Torredelcampo, en Jaén.

"En Andalucía hay 770 municipios, cientos de alcaldes y concejales que desarrollan su trabajo con honestidad y unos pocos no pueden contaminar al resto", dijo Chaves.

El presidente calificó de "disparate" el que por esos "16 presuntos casos" se pueda pedir la retirada de las competencias urbanísticas a los Ayuntamientos. Esta medida tan drástica -aplicada en el caso de Marbella- sólo se debe ejecutar a los que incumplan las normas, opinó.

La ley de la selva

Aunque dijo no querer entrar en la socorrida táctica política del "y tú más" para rebatir los argumentos del adversario, Chaves apuntó que han sido los socialistas y no el PP los que han disuelto el Ayuntamiento de Marbella, han creado fiscalías de Medio Ambiente o un cuerpo de inspección urbanística.

A la crítica de Martínez de que en Andalucía ha reinado en materia de ordenación del territorio "la ley de la selva", el presidente andaluz replicó que la norma que mejor se ajusta a esa definición fue la ley del Suelo de 1998 aprobada por el Gobierno de José María Aznar que permite la urbanización casi total del suelo rústico, excepto el especialmente protegido.

"Cualquier plan general de ordenación urbano, convenio o licencia que sea ilegal o vaya en contra de los criterios sostenibles no pasarán por la autorización de la Junta", proclamó Chaves, quien repitió esta misma frase cuando la diputada del PP le recordó que en Jimena, gobernada por el PSOE, el Ayuntamiento tiene firmados 28 convenios.

El urbanismo sostenible va a ser el eje fundamental de la campaña electoral socialista en los comicios municipales. El PSOE aprobará en una conferencia política en el mes de enero un documento, al que los militantes están presentando sus aportaciones, que pretende ser de obligado cumplimiento para todos sus responsables municipales.