Castalla retrata el urbanismo del PP

¿Qué pasa en Castalla? Pues nada menos que una urbanización entera se ha ejecutado a la vista de todo el mundo sin cumplir ninguno de los requisitos que la ley exige para poder empezar a construir: ni plan parcial aprobado por la consejería, ni licencia municipal de construcción, ni licencia de ocupación. Sin nada de esto, que es obligado por ley, las calles están hechas, centenares de casas terminadas y muchas de ellas incluso habitadas con agua y luz tomada irregularmente de las obras. No, no es una historia de ciencia ficción; lo puede comprobar cualquier ciudadano -no digamos el alcalde de Castalla o el consejero- como lo comprobaron los periodistas el pasado mes de julio en nuestra visita a la urbanización Los Campellos-2.

Esta escandalosa situación -una urbanización entera construida sin permiso alguno- ha sido posible porque el promotor "se ha pasado por el forro" la legalidad urbanística, el alcalde del PP es colaborador necesario de esta ilegalidad, que ha permitido y alentado, y el consejero González Pons es cómplice porque conociendo las graves irregularidades no ha actuado.

La ilegalidad de la urbanización ha quedado aún más de manifiesto cuando hace sólo unos días, el 31 de octubre, la Consejería de Territorio publicaba la aprobación del Plan Parcial de Los Campellos-2 ¡que lleva ya dos años ejecutándose! ¿Es esta la última novedad del "urbanismo sandía" de González Pons, primero se hacen las obras y luego se aprueba lo que hay que hacer?

Pero, además, ni siquiera a fecha de hoy sería legal empezar a construir esa urbanización, porque no se han cumplido los requisitos que la Consejería de Territorio exige, en su Resolución publicada el 31 de octubre, que "deberán cumplirse con carácter previo a la ejecución del sector". Ni se ha ejecutado la depuradora, ni se ha clausurado el vertedero, ni hay permiso de vertido de la Confederación Hidrográfica. No se han cumplido éstas ni otras condiciones previas ¡y sin embargo lleva casi dos años ejecutándose la urbanización a la vista de todo el mundo!

El alcalde de Castalla, del PP, conoce perfectamente estos hechos, los ha consentido y es por tanto colaborador necesario de estas graves irregularidades. ¡Cómo no va a conocer el Alcalde estas obras si la calle principal de la urbanización se llama "Alcalde Juan Rico"!

El alcalde reconoció expresamente la ilegalidad porque, tras reiteradas denuncias de la oposición y de la prensa, le dice a la empresa urbanizadora, en escrito de 6 de marzo de 2005, que "hasta tanto no se haya probado y adjudicado definitivamente el PAI deberá abstenerse de realizar cualesquiera obras al no estar autorizado para ello". Año y medio después, pese a que es evidente que la empresa no le ha hecho ningún caso, no ha adoptado ninguna medida para impedir que las obras continuaran, las casas se terminaran y la gente empezara a vivir...con cables de luz irregulares en medio de la calle.

Pero el alcalde no puede ser un simple cómplice pasivo de esta grave ilegalidad. ¿Cabe pensar que el promotor invierta tanto dinero sin las condiciones mínimas legales, si no cuenta con la colaboración y connivencia del Alcalde? Ante esta dejación grave del Alcalde de Castalla de su obligación de velar por el cumplimiento de la legalidad, el Partido Socialista va a presentar en pocos días una denuncia penal en el Juzgado de Ibi.

El consejero González Pons es cómplice de esta ilegalidad, porque conocía los hechos y no ha actuado. ¡Cómo no va a conocerlos si su consejería estaba analizando el planeamiento de la urbanización y aún no lo había aprobado! Además, estas graves irregularidades fueron denunciadas en las Cortes por la oposición en 2005 y han sido recogidas reiteradamente en la prensa, la última vez en julio de 2006 con fotografías de la situación.

Hace meses que González Pons debería haber exigido al Ayuntamiento que paralizara las obras y abriera un expediente al promotor por infracción urbanística grave, y haberse subrogado en la disciplina urbanística ante la evidente pasividad municipal. La reciente publicación de la aprobación definitiva de este plan parcial por su consejería, cuando todo el mundo sabe que la obra está ya casi terminada, deja en muy mal lugar toda la palabrería habitual del consejero.

Por si no bastara con este escandaloso caso, el Ayuntamiento de Castalla ha permitido también miles de viviendas ilegales en suelo no urbanizable. Desde 2004 hay numerosas denuncias en el Juzgado de Ibi presentadas por la Guardia Civil de Alicante; muchas de las casas, señala la Guardia Civil, están en suelo de protección forestal. El consejero lo puede comprobar con sólo mirar las ortofotos de que dispone y que tanto exhibe cuando le conviene.

En Castalla tiene por tanto González Pons otra "prueba del algodón" para su tan cacareado "urbanismo sandía" ¿Va a seguir mirando para otro ante ilegalidades tan flagrantes? ¿A quién va a echar ahora la culpa Camps si en un periódico inglés aparece que en nuestra Comunidad se engaña a sus ciudadanos vendiéndoles casas ilegales y se permite que vivan en urbanizaciones con cables de luz sueltos por las aceras?

¿El "urbanismo sandía" de González Pons va a resultar ser un "urbanismo de hechos ilegales consumados"... que se arreglan luego con un "apañito" bien rentable para el promotor infractor, como las reducidas multas impuestas al hotel Atrium de La Vila Joiosa o a los 360 chalets ilegales de Orihuela?

Si no actúa de inmediato quedará evidente que su postura con Catral era pura propaganda y que no se atreve con los municipios del PP, que son los principales infractores urbanísticos.

Eugenio L. Burriel es secretario de Territorio y Vivienda del PSPV-PSOE.