El PSPV recurrirá al Constitucional si el PP cambia la Ley de Hacienda

El PSPV presentará un recurso al Tribunal Constitucional si el PP aprueba la modificación de la Ley de Hacienda prevista en la ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat para 2007 cuyo objetivo es legalizar las llamadas facturas en el cajón -que son obligaciones de pago no reconocidas- al abrir la posibilidad de que el Consell impute gastos a ejercicios futuros sin el visto bueno de la Intervención. Así se lo anunció ayer la portavoz de economía del Grupo Socialista de las Cortes Valencianas, Cristina Moreno, al consejero de Economía de la Generalitat, Gerardo Camps, que cerró la ronda de comparecencias de los miembros del Consell para explicar ante la comisión de Economía de la Cámara los presupuestos para el próximo año.

Moreno, que recordó que su grupo ha pedido al Consell que aporte los informes jurídicos que avalarían esa modificación de la Ley de Hacienda, advirtió de que si sale adelante la propuesta, los socialistas recurrirán al Tribunal Constitucional. La diputada del PSPV recordó que el Estatut d'Autonomia dice explícitamente que los Presupuestos de la Generalitat serán únicos y tendrán carácter anual. Unas condiciones que, según dijo, no se cumplen con el cambio de la ley, que elimina esas limitaciones.

Camps replicó que la modificación servirá para que "dejen de existir" las obligaciones no reconocidas y aseguró que es una práctica habitual en la mayoría de las comunidades autónomas. El consejero afirmó que es una forma "ágil y eficaz" de resolver el problema y una "buena noticia" para los proveedores, y aseguró que no "merma" la capacidad de control de la gestión del Consell por parte de los grupos de la oposición.

Crítica a Font de Mora

Durante tres largas jornadas, los representantes del Consell han comparecido en las Cortes Valencianas para explicar y defender las cuentas de sus respectivos departamentos, que, invariablemente, los portavoces del Grupo Popular han alabado y que, con igual empeño, han criticado los diputados de los grupos de la oposición. Ayer desfilaron por la comisión, además del citado Gerardo Camps, los consejeros de Industria, Justo Nieto, de Educación, Alejandro Font de Mora, y de Infraestructuras, José Ramón García Antón.

La crítica más contundente la recibió Font de Mora. Tanto la socialista Ana Noguera como Ramon Cardona, de Esquerra Unida-L'Entesa, portavoces de Educación en sus respectivos grupos, denunciaron las partidas destinadas a centros privados y concertados en detrimento de los públicos. Noguera aseguró que el presupuesto de la Consejería de Educación, una vez descontados los gastos comprometidos -corrientes y de personal-, es de 1.018 millones de euros, de los que un 55% -561 millones- se destina a los conciertos educativos, una cantidad "muchísimo" mayor que la prevista para la creación de plazas escolares, construir colegios, realizar reformas o remodelaciones, que es de unos 200 millones, dijo.