Realidad nacional bis

Pese que el PP intentó hace seis meses expulsar por la ventana de la reforma estatutaria en curso a la descripción de Andalucía como realidad nacional, sus diputados abrieron la semana pasada a la polémica expresión la puerta grande. Aunque los populares habían rechazado primero la propuesta autonómica en el Parlamento andaluz y después su aceptación a trámite por el Congreso, la Cámara baja aprobó el pasado jueves el proyecto de Estatuto con apoyo del PP. Los populares justifican esa cabriola por las numerosas enmiendas -algunas tachonadas de redundancias y latiguillos retóricos- introducidas en la propuesta por la ponencia y la comisión constitucional del Congreso. El impulso último de ese espectacular viraje es el temor del PP a quedarse solo cuando los andaluces sean llamados a las urnas en referéndum para aprobar o rechazar la reforma. No se trata sólo -aunque también- de las amargas experiencias padecidas por los populares a costa del Estatuto catalán y de las posteriores elecciones; la peor pesadilla de los populares andaluces es el recuerdo del referéndum convocado en 1980 para poner en marcha el proceso estatutario en aquella comunidad: la frustrada campaña abstencionista que el centro y la derecha lanzaron de forma suicida contra esa iniciativa les ha mantenido alejados del poder autonómico durante 26 años.

El brusco tránsito del PP desde un no agresivo hasta un sí complaciente no podía por menos de dejar tras de sí un rastro de confusión e incongruencias. Las semejanzas de algunos preceptos del Estatuto andaluz con otros artículos del Estatuto catalán recurridos por los populares y por el Defensor del Pueblo ante el Constitucional parecen denunciar cierta incoherencia jurídica. Otra contradicción del PP es dar ahora por buena la descripción de Andalucía como realidad nacional ("cuyo espíritu los andaluces encauzaron plenamente a través del proceso de autogobierno recogido por nuestra Carta Magna") después de haber rechazado hace pocos meses una mención a la realidad nacional de Andalucía ("reconocida por la Constitución en su artículo 2 como una nacionalidad") incluida en el preámbulo. Durante su intervención de la pasada semana en el Congreso, Rajoy restó importancia a la expresión realidad nacional: "poco más que una cita literaria o un adorno retórico, una cuestión meramente estética, algo que carece de relevancia política porque no significa nada". El presidente del PP, en cambio, había utilizado el 23 de mayo -también en la Cámara baja- la artillería gruesa para disparar contra la realidad nacional, "la guinda del pastel" del nuevo Estatuto -"¿sería mucho pedir que alguien definiera este abracadabra en términos comprensibles?"- que causa "la estupefacción más absoluta" en los propios andaluces: "Una ocurrencia que no se sabe para qué sirve".

Rajoy explica con loable sinceridad las razones de ese cambio de posición del PP que ha rescatado del mundo del absurdo a la realidad nacional de Andalucía. Populares y socialistas -confiesa- han buscado "una alambicada fórmula" que no entusiasma a nadie pero que sirve como punto de encuentro para el consenso; "ni el PP podía admitir más ni el PSOE ha querido admitir menos". Sería deseable que ese espíritu de consenso derrochado por el líder de la oposición a propósito de la realidad nacional de Andalucía -"estando a salvo los principios, quiero acuerdos aunque sean imperfectos: de suyo, los acuerdos son siempre imperfectos"- gane finalmente dentro del PP la batalla contra los intransigentes que se siguen enfrentando a las reformas estatutarias de segunda generación en el resto de España. Iniciada la legislatura bajo la inercia de la negativa frontal de Aznar a cualquier modificación de la Constitución y de los Estatutos, los intereses territoriales de las comunidades con mayoría absoluta del PP hicieron saltar por los aires esa rígida estrategia de bloqueo. Las Cortes han aprobado ya las reformas estatutarias de Valencia y Baleares (gobernadas por presidentes populares), han admitido a trámite la propuesta de Aragón y aguardan la llegada de los textos de Canarias, Galicia, Castilla-La Mancha, Asturias y Castilla-Leon. Los defensores del inmovilismo dentro del PP continúan aferrados, sin embargo, a sus cerradas posiciones, como muestran las frecuentes declaraciones de Mayor Oreja y un reciente artículo de Zaplana.