El fiscal pide dos años de cárcel al director de una ETT por falsificar 193 contratos para inmigrantes

Intentar lucrarse a costa de la necesidad de los inmigrantes le puede costar caro a Elías C. M. Este director de una empresa de trabajo temporal en Málaga se enfrenta a una petición de dos años de prisión como supuesto autor de un delito de falsedad en documento oficial por simular al menos 193 contratos de trabajo inexistentes a favor de otros tantos extranjeros. El fiscal le acusa, asimismo, de cobrar a los ciudadanos extranjeros en algunos casos cantidades que oscilaban en torno a los 240 euros.

Según la calificación de la Fiscalía, que ha pedido la apertura de juicio penal, el acusado, "guiado por el ánimo de lucro, en unos casos, y en otros por el ánimo de ayudar", aprovechó su situación como responsable en Málaga de la empresa Abaco ETT, para falsificar, desde finales de 2002, los contratos. En estos documentos, que podían ser luego utilizados por los inmigrantes para regularizar su situación en España, Elías C. M. hacía figurar como empleador a la ETT para la que trabajaba.

El elevado número de contratos realizados a nombre de Abaco en su delegación de la capital malagueña despertó en su momento las sospechas de los investigadores, ya que "la empresa es conocida como intermediaria entre los demandantes de empleo y las verdaderas empresas precisadoras de empleo".

El ministerio público ha solicitado, además, el sobreseimiento provisional para Francisco Javier R. A., que trabajaba como comercial a las órdenes de Elías C. M en la oficina de Abaco, situada en la calle Don Cristián de Málaga. A la Fiscalía no le consta "de forma fehaciente" que este empleado conociera la verdadera naturaleza de los contratos fraudulentos supuestamente realizados por su jefe.

Además, el fiscal establece en su calificación que la empresa Abaco ETT, una compañía de ámbito nacional, "no tuvo conocimiento" de que su oficina y su nombre estaban siendo utilizados para los negocios privados de su director en Málaga.

El fiscal estima en sus conclusiones provisionales que Elías C. M, a quien no le constan antecedentes penales, cometió un delito continuado de falsedad en documento público y pide al juzgado que le imponga, además de la pena de dos años de prisión, una condena de inhabilitación especial para ejercer el derecho a voto y una multa de 3.600 euros, a razón de 12 euros diarios durante diez meses.

Los intentos de aprovecharse de los problemas de los inmigrantes distan mucho de ser nuevos. A principios del pasado mes de octubre, el Cuerpo Nacional de Policía detuvo a 26 personas, entre las que se encontraban el dueño de una gestoría, por haber presentado unas 300 solicitudes de regularización que podrían estar amparadas en ofertas de trabajo para empresas sin actividad. Los inmigrantes pagaron por estas gestiones cerca de 1.000 euros.