Sentencias sobre licencias de obras
El recién nombrado fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo Antonio Vercher anuncia en EL PAÍS su intención de derribar las viviendas ilegalmente construidas bien sin licencias, no ajustándose a ellas o apoyándose en instrumentos urbanísticos declarados ilegales. Quizás mejor empezar por instar la declaración de nulidad de aquellos acuerdos de la Administración que tras sentencias judiciales firmes corrigen su planeamiento para convalidar aquellas licencias de obras; un guante para una mano.
No solamente sería conveniente, sino obligatorio y prioritario. La vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, y el fiscal la sabe bien, establece que serán nulos de pleno derecho aquellos acuerdos contrarios a los pronunciamientos de las sentencias que se dicten para eludir su cumplimiento. Que la fiscalía comience a pedir actas de acuerdos de aprobación de planes urbanísticos a ayuntamientos y a comisiones territoriales de Urbanismo y encontrará los que exclusivamente tienen la finalidad citada; modificar los planeamientos generales vigentes de tal manera que las licencias mal concedidas o concedidas en su día bajo planeamiento declarado ilegal puedan otorgarse de nuevo, ahora sí, con garantías.
El propio fiscal advierte de que el Código Penal castiga la prevaricación. No encuentro otra calificación jurídica que dar a los actos de aquellos órganos administrativos locales y/o autonómicos cuando a sabiendas aprueban modificaciones del planeamiento con el objetivo citado, a sabiendas también, o deberían saberlo, que la ley lo prohíbe.
