La tentación vive al lado

Se han abierto las compuertas y una mancha gigante de corrupción se extiende por toda la superficie de nuestro territorio. Este territorio se divide en España, según los últimos datos, en 8.108 municipios. Como es lógico, no se pueden homologar las actividades urbanísticas de las grandes áreas metropolitanas con otras más reducidas, o con la variedad de zonas que eran agrícolas y han dejado de serlo gracias a una rápida partida de casino jugada por algunos ediles y promotores con cartas marcadas. Las ganancias alcanzan, en algunos casos, el diez mil por cien.

Los factores de corrupción son muy variados. En primer lugar, la tan traída y llevada autonomía municipal proclamada por la Constitución y reforzada por una sentencia del Tribunal Constitucional. Esta decisión ha sido calificada por los expertos como el derrumbe del derecho urbanístico estatal y es, en gran parte, la causa de la preocupante situación que estamos viviendo. En todo caso, es urgente una ley de Financiación de los Municipios que refuerce sus potestades financieras y tributarias, para que el urbanismo juegue su verdadero papel y la especulación, si es posible, desaparezca.

Ha llegado el momento de utilizar el derecho penal; la cárcel es un remedio disuasorio

La ley de 1992 se decantó por el sistema de libre desarrollo de la propiedad privada, olvidando su función social, liberalizando gran parte del suelo para que los ayuntamientos se financiaran con un tanto por ciento de la especulación. La práctica totalidad de la superficie del país, no especialmente protegida, se convirtió en un maná urbanístico. En este contexto la creación de una figura representativa de la más descarnada privatización de la vivienda, el agente urbanizador, ha resultado catastrófica y nos ha situado en el punto de mira de la Unión Europea.

Las denuncias se acumularon ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, solicitando la intervención de las instituciones europeas ante la impasibilidad de las locales, la ineficacia de los recursos legales y las tardías y muchas veces desalentadoras respuestas de los tribunales de justicia.

El Parlamento Europeo puso en marcha una comisión que se trasladó a nuestro país para entrevistarse con todas las instituciones implicadas. El primer informe es de septiembre de 2005. Algunas de sus conclusiones deberían hacernos reflexionar. Se nos acusa de utilizar métodos de expropiación leoninos, de provocar un impacto desastroso en el medio ambiente y en la ecología de numerosas zonas costeras y de haber subordinado el interés público a los intereses especulativos.

Todos estos factores inoculan a los ciudadanos un sentimiento negativo para la salud de la democracia. Debemos estar alertar frente al peligroso recurso a la resignación o el cinismo que iguala a todos en la corrupción.

En una carrera desenfrenada, los ayuntamientos pequeños se han lanzado a planificar miles de viviendas con el inevitable complemento de un campo de golf. Reconozco que esta oferta es seductora pero a la larga fantasiosa, insostenible y ruinosa. Los que de buena fe creen que van a revitalizar la precaria vida del pueblo deberían meditar sobre lo que se le viene encima. Mayores impuestos, servicios insuficientes y desolación durante gran parte del año. Pero no se le puede negar a ningún alcalde, de los miles que gobiernan en los pequeños municipios, tener las mismas ocurrencias que sus vecinos de al lado.

El territorio debería ser la base del desarrollo urbanístico ordenado y el término municipal debería integrarse en su ámbito. Las políticas racionales pasan por la planificación de superficies mayores que las de un pequeño municipio.

Teóricamente, la última palabra la tienen, con matizaciones, las Comunidades Autónomas, por lo menos en la letra de la ley. La realidad es mucho más creativa y produce los efectos esperados cuando se mantienen intactos los factores que generan la tentación.

Por otra parte, la redacción de una ley de Financiación de Partidos Políticos que permitiera sostener sus gastos de funcionamiento, reduciría las tentaciones. Una recalificación seguida de licencia para construir es comparable al milagro de los panes y los peces. Las cantidades son tan tentadoras y generadas de forma tan fácil y artificial con la sola utilización de un papel, que resulta ilusorio evitar que todos quieran participar del festín. Una parte para el Ayuntamiento y otra para las finanzas del partido. ¿Por qué no una parte para el que gracias a su capacidad de decisión ha sido el artífice de este milagro? La tentación vive al lado.

Ante la gravísima lesión a los intereses colectivos y la propia supervivencia del medio ambiente, ha llegado el momento de utilizar el derecho penal, si bien de forma serena y proporcional. Serena porque no se pueden llevar todas las actuaciones al campo del derecho penal, y proporcional porque las sanciones resultan ridículamente bajas ante la gravedad de estas conductas criminales.

En los casos de prevaricación las penas que inhabilitan para volver a ser elegido o desempeñar cargos públicos deben ser acompañadas de unos cuantos años de prisión. El cohecho del que corrompe al funcionario y del funcionario que se deja corromper, merece una pena de prisión más dura.

La cárcel, a pesar de opiniones respetables en contra, es un remedio disuasorio. Si además mejoramos los mecanismos de confiscación de los bienes adquiridos ilegalmente y los reintegramos a la comunidad, habremos conseguido un objetivo que puede enderezar las cosas.

En cuanto a la nueva Ley del Suelo, aún estamos a tiempo de que abandone medidas que se han mostrado ineficaces y desastrosas. En mi opinión, no se puede desligar la regulación del suelo de las técnicas urbanísticas y de los procedimientos expropiatorios como si se tratase de compartimentos estancos. Me parece impecable el propósito de poner el territorio y el suelo al servicio del interés general, según el principio de desarrollo sostenible. Los desatinos de las leyes generan los monstruos como los de Cullera. El núcleo de la cuestión radica en someter las leyes sectoriales a estos principios.

Es el momento de las políticas públicas de vivienda que, utilizando a fondo el derecho de superficie -como se ha hecho a la inversa con los aparcamientos de residentes- lo pongan al servicio de los objetivos constitucionales y legales. Si es que todavía queda algún terreno de propiedad municipal o pública.