Desafortunada decisión

Flaco servicio le ha hecho el Gobierno madrileño a quienes no dudan de que el cigarrillo

es perjudicial para la salud con la decisión de suavizar las restricciones impuestas por la Ley Antitabaco, aprobada por el Parlamento el año pasado y vigente desde el pasado 1 de enero. El decreto del Gobierno regional permitirá fumar en los bares de los centros de trabajo de más de 100 metros de superficie, en actos institucionales y en los reservados de restaurantes durante celebraciones privadas.

El consejero de Sanidad madrileño, Manuel Lamela, argumenta que se trata de hacer una labor de persuasión antes que de coacción, ignorando, sin embargo, que una ley promulgada debe ser aplicada sin excepción, porque el legislador, cuando la planeó, la debatió y la aprobó tuvo lógicamente que sopesar las ventajas y las consecuencias que acarrearía. En lo que sí parece que acierta el decreto es en el programa de ayuda para favorecer la deshabituación al tabaco. La ley vigente no recoge ningún tipo de asistencia a los fumadores que pretendan abandonar el consumo. La ministra de Sanidad, Elena Salgado, ha anunciado que el Gobierno tiene intención de recurrir la normativa regional. Parece coherente que así sea y que no se demore, tal y como ya lo ha hecho en los casos de la Comunidad Valenciana, Castilla y León y La Rioja, todas ellas gobernadas al igual que Madrid por el PP, que han decidido también flexibilizar la norma.

Queda siempre la sospecha de que la permisividad mostrada por estas Comunidades Autónomas esconda una táctica del PP ante los comicios municipales y regionales de mayo próximo. No resultaría muy de recibo pretender ganar votos ofreciendo resistencia a una ley que protege la salud.