La Generalitat derruirá el edificio de los juzgados de Lluís Companys para construir la audiencia

El Departamento de Justicia de la Generalitat derruirá el edificio de los juzgados del paseo de Lluís Companys y en ese solar edificará la sede de la Audiencia de Barcelona, situada ahora en el Palacio de Justicia. Las razones que han llevado a adoptar esta decisión son el elevado coste que supondría la rehabilitación integral del edificio, la escasa funcionalidad que presenta a causa de la superficie que ahora se dedica a espacios de circulación y la posibilidad de ganar 6.000 metros cuadrados cuando se inaugure la nueva sede judicial.

Jueces, fiscales, abogados, procuradores y el resto de los profesionales relacionados con la justicia se enteraron ayer por los medios de comunicación de la decisión del Departamento de Justicia de derribar el edificio, situado en los números 1-5 del paseo de Lluís Companys, junto al parque de la Ciutadella. La construcción acoge en la actualidad los 33 juzgados de instrucción, los 22 de lo penal y el juzgado de guardia, a los que se accede por el paseo de Pau Picasso.

La Generalitat ha decidido que en el futuro se instalen allí las 20 secciones de la Audiencia de Barcelona (entre civiles y penales) y las cinco que puedan crearse en el futuro, así como los 14 juzgados de lo contencioso administrativo y los que vengan.

La decisión de derribar el edificio se ha adoptado después de unos meses de estudio y de sopesar todas las posibilidades a partir de informes técnicos. Uno de ellos fue elaborado por la empresa Cotca, SA, que concluyó que la construcción tenía patologías estructurales muy importantes que harían necesaria una actuación integral. Esa actuación se cifró en 39.698.144 euros, mientras que el derribo y un edificio de nueva planta costarían 36.031.980 euros. Es decir, 3.667 millones menos.

Al margen del argumento económico, los estudios realizados constataron un dato que puede apreciar cualquier persona que acuda al edificio, como es su escasa funcionalidad. La obra se construyó hace 40 años, en pleno desarrollismo, y se destinó inicialmente a usos sanitarios. De ahí que la superficie de los pasillos sea el 30% superior al espacio útil, casi el doble que en el resto de los edificios judiciales. A eso han de añadirse los numerosos patios interiores del edificio y su disposición vertical.

Detenidos y usuarios

La distribución actual se concreta en una mezcla continua de ciudadanos y funcionarios con los presos o detenidos esposados que son conducidos por la policía. O sea, un riesgo inevitable con la arquitectura actual. Por no hablar del interior de los juzgados, unos espacios de aspecto lúgubre, con puertas desvencijadas y suelos desportillados de hace décadas, y paredes con altos zócalos de madera que se pintaron no se sabe cuándo.

Un edificio nuevo permitiría mayor flexibilidad, con la posibilidad de instalar oficinas abiertas y comunicadas, de dimensión variable en función de cada momento, lo que daría una imagen más propia de un concepto de justicia cercana al ciudadano en lugar del aspecto funcionarial que presenta ahora ese edificio judicial.

La obra debería someterse al Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del sector oriental del centro histórico de Barcelona. Los estudios técnicos también han constatado que la superificie construida pasaría de los 24.044 metros cuadrados actuales a 30.000.

El consejero de Justicia, Josep Maria Vallès, firmó el pasado 26 de octubre, cuando todavía no estaba en funciones, un decreto por el que se ordena el derribo del edificio y la construcción de uno de nueva planta, poniendo así en marcha toda la maquinaria administrativa. El derribo podría ejecutarse a mediados de 2008, cuando los juzgados que ahora están allí puedan trasladarse a la Ciudad Judicial. Las obras durarán dos años y se inaugurarán a finales de 2010, cuando haya concluido la mudanza a todas las sedes, siempre que un nuevo Gobierno no reconsidere todos los proyectos.