Roca declara que la Junta consintió las licencias irregulares de cinco gasolineras

El ex asesor de Urbanismo de Marbella y supuesto cerebro de la red de corrupción, Juan Antonio Roca, declaró ayer ante el juez titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de la ciudad por la concesión de licencias para cinco gasolineras en terrenos destinados a zonas verdes y equipamientos, y afirmó que la Junta fue conocedora "en todo momento" de dicha concesión, según la abogada de la acusación particular, Inmaculada Gálvez. La letrada aclaró que en su declaración, Roca aseveró que los ex delegados de Obras Públicas de la Junta entre 1992 y 1998, Carlos Morales y Vicente Seguí, "tenían perfecto conocimiento de todo".

Roca detalló al juez que los jefes de los servicios técnicos y jurídicos de la delegación de Obras Públicas "visitaban mensualmente" las oficinas de Planeamiento para realizar "el seguimiento de la revisión" de las adjudicaciones. Gálvez criticó la connivencia de la Junta para permitir que las gasolineras no salieran a subasta pública y además se ubicaran sobre suelos calificados por el Plan General vigente como zona verde, de equipamiento escolar, uso comercial, o de equipamiento público. "La Junta dio su autorización para que las gasolineras estén funcionando, y esto pone en evidencia cómo funciona la administración regional".

Retrasos judiciales

Las diligencias, iniciadas en 2000 por supuestas irregularidades en la concesión de ocho licencias, han sufrido innumerables retrasos debido a que la Fiscalía solicitó su archivo, hasta que finalmente la Audiencia Provincial ordenó que se mantuvieran abiertas las diligencias por cinco de las adjudicaciones. "Estos seis años de instrucción significa que la propia Fiscalía pedirá una pena inferior por los años transcurridos. El retraso de la justicia supone directamente un beneficio para los presuntos culpables", denunció Gálvez, que solicitará la imputación del anterior delegado de Innovación de la Junta, Jacinto Mena, por haber concedido la licencia a las gasolineras. "Hemos luchado contra las continuas peticiones de archivo de la Fiscalía, más incluso contra ella que contra los propios imputados, a pesar de que ahora López Caballero

[Fiscal Anticorrupción, anterior Fiscal de Medio Ambiente] vaya de Supermán de la operación Malaya", censuró.

En el procedimiento están imputados por un delito contra la ordenación del territorio una quincena de ex ediles del GIL de distintas corporaciones, así como Roca y el ex secretario municipal, Leopoldo Barrantes, que declaró también hoy como imputado.

Mientras, el juez del caso Malaya, Miguel Ángel Torres, decretó ayer libertad bajo fianza de 50.000 euros para el ex concejal Rafael González, que sin embargo deberá permanecer en prisión para cumplir un año de cárcel por un delito urbanístico en el caso Proinsa. De este modo, tras abonar la fianza cambiará la situación procesal de González, en prisión preventiva desde el 29 de junio.