La UE propone que las futuras ampliaciones requieran la aprobación de los ciudadanos

La Comisión Europea ha diseñado las líneas maestras que deben regular las futuras ampliaciones de la Unión Europea tras la incorporación de Bulgaria y Rumania en enero de 2007. El objetivo es hacer frente al clima político de creciente hostilidad a la entrada de nuevos miembros al club europeo. El apoyo de los ciudadanos a nuevas ampliaciones ha descendido del 52% al 45% en los últimos dos años, según el Eurobarómetro. La propuesta del Ejecutivo comunitario es "aumentar la legitimidad democrática" de las futuras ampliaciones exigiendo para ello la aprobación de los ciudadanos.

Para la Comisión, las cinco ampliaciones precedentes han sido un éxito desde el punto de vista político y económico, aunque han sido mal comprendidas por los ciudadanos por falta de comunicación. La ampliación de la UE a nuevos Estados (Balcanes Occidentales y Turquía) quedó seriamente afectada tras los noes de Francia y Holanda al Tratado Constitucional en 2005. "En Francia y en Holanda algunos de los que votaron no lo hicieron porque se oponían a la entrada de Turquía como miembro, aunque el Tratado no tenían nada que ver formalmente con Turquía", sostiene Charles Grant, del Centre for European Reform.

Quizá por esta razón, Francia ha subrayado a lo largo de todo este año la necesidad de tener en cuenta la llamada "capacidad de absorción" de la Unión antes de decidir nuevas ampliaciones. La iniciativa francesa fue recogida formalmente el pasado junio en las conclusiones del Consejo, que encargó a la Comisión un informe especial sobre "todos los aspectos relevantes sobre la capacidad de absorción de la Unión".

La cuestión clave era que este análisis "debería abarcar también la cuestión de la impresión actual y futura que tiene de la ampliación la opinión pública de la Unión". Francia interpretó siempre que esto equivalía a realizar referendos antes de decidir futuras ampliaciones. En marzo de 2005, París ya cambió su Constitución para establecer que, después de Croacia, cualquier nueva incorporación a la UE debería ser aprobada por referéndum en Francia.

La Comisión Europea, en el informe La capacidad de la Unión para integrar nuevos miembros, que el comisario para la Ampliacion, Olli Rehn, presentará el próximo día 8 y al que ha tenido acceso EL PAÍS, no concreta cómo se debería llevar a cabo esa aprobación por parte de los ciudadanos de la UE, sino que ha optado por otro enfoque. En primer lugar, ha sustituido el concepto de "capacidad de absorción" de la UE por el de "capacidad de integración". El cambio no es nominal. No se trata de analizar sólo la capacidad de la UE de encajar nuevos socios, sino también la de éstos para asimilar las normas de la Unión "sin poner en peligro la política y los objetivos políticos establecidos en los Tratados". "Se refiere a la capacidad de los recién llegados de aplicar el acervo comunitario y la capacidad de la Unión de cumplir su papel y respetar y promover los valores consagrados en los Tratados", dice el documento.

El documento de la Comisión, que será presentado en el Consejo de Exteriores y Asuntos Generales del próximo día 13, y constituirá el centro de debate de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de diciembre, plantea tres objetivos: "Asegurar la capacidad de la UE para mantener el ímpetu de la integración europea, garantizar que los candidatos cumplen rigurosamente las condiciones y mejorar la comunicación".

Para asegurar estos objetivos, la Comisión considera que la ampliación de la Unión más allá de 27 miembros requiere reformas institucionales, con "nuevas adaptaciones en la composición y el derecho de voto de las instituciones. Antes de una nueva ampliación, la UE deberá decidir sobre el alcance y sustancia de estas reformas institucionales". El documento afirma que "la incorporación de Turquía plantea particulares cuestiones con relación a la representación y al derecho de voto en el Parlamento Europeo y el Consejo".

En relación con las políticas, el informe recuerda los beneficios de anteriores ampliaciones para el desarrollo de las políticas estructurales, agricultura, relaciones exteriores, transparencia y ciudadanía. La Comisión se compromete a que durante las negociaciones efectuará "una evaluación sustancial sobre el impacto de la adhesión en políticas clave como movimiento de personas, gestión de fronteras y transporte".