Casa y libertad

Es pasado y parece mentira. Se suspende una conferencia de ministros europeos sobre la vivienda por el temor a algunos centenares de jóvenes airados. Según las informaciones policiales, los "violentos" no pasan de 300. Ya nos hubiera gustado en época de la dictadura que el Gobierno se asustara tan fácilmente. Recordé una conversación con Fernando Enrique Cardoso: nunca me había sentido tan vigilado y reprimido, si hiciera siempre caso a los servicios de seguridad no me movería del palacio presidencial. El entonces presidente de Brasil era esperado en Barcelona y el alcalde Maragall, ausente la noche en que llegaba, me había pedido que lo recibiera por mi amistad personal con él. Ocurrió hace diez años y yo ya había vuelto a la vida profesional. Cardoso me comentó que tenía la mañana siguiente libre y me propuso que le guiara en una visita informal por la ciudad. A las 10 llegué al palacete Albéniz y me encontré con la oposición de los tres servicios de seguridad y de protocolo, del Brasil, del Gobierno español y de la Generalitat. Me pidieron que me retirara, pues el presidente se iba a quedar toda la mañana trabajando hasta la hora de la comida oficial. Me resistí y con el apoyo de los servicios de protocolo del Ajuntament que se mantenían al margen pedí ver al presidente y que me confirmara el cambio de programa. En plena discusión apareció Cardoso, saludos cordiales y exclamó, estupendo, ya llegaste, vamos a ver la ciudad. Así fue y me comentó la dificultad que para él representaba moverse debido al cerco que le imponían.

Es lógico que los servicios de seguridad adviertan de los riesgos, incluso que los exageren para cubrirse y evitarse complicaciones. Otra cosa es que los responsables políticos luego tomen decisiones solamente por miedo al más mínimo riesgo, aparentemente sin considerar que sientan un precedente fatal. Y en este caso su decisión tiene unos efectos perversos que multiplican los problemas. Si finalmente la conferencia se hace, como se ha dicho, la propaganda para que se produzca una importante movilización en contra ya está hecha. La opinión pública estará más atenta a sus resultados y, como estas conferencias, como las mismas políticas de vivienda, se caracterizan por su inoperancia, se demostrará una vez más el poco interés real en afrontar el problema en sus raíces.

Hoy la vivienda está a la orden del día de las preocupaciones sociales, pero no parece que lo esté en la agenda política. En España existe un Ministerio de Vivienda y uno se pregunta para qué sirve. Las competencias de planeamiento y gestión corresponden a las comunidades autónomas y en menor medida a los ayuntamientos. Y la modificación en profundidad que requiere el marco legal no se aborda. En Cataluña, la consellería de Vivienda elaboró un proyecto de ley ("ley Milà") excelente, en la línea de la mejor legislación socialdemócrata europea (como la ley de 1999 de solidaridad y renovación urbana del Gobierno de Jospin). La oposición conservadora, con el apoyo de ERC, la paró y la ministra del ramo se destapó con algunos comentarios reticentes.

Los gobiernos, en vez de afrontar los problemas estructurales, que precisan medidas legales radicales de ámbito estatal para evitar la apropiación privada de las plusvalías urbanas, corren detrás de la corrupción de ajenos y... propios. El interesante documento aprobado recientemente en la Conferencia Política del PSOE hace una simpática denuncia tribunicia de estos males y la necesidad de combatirlos, pero no nos dice cómo hacerlo.

Hoy el negocio inmobiliario es una droga que corrompe la vida económica y política y que genera desigualdades sociales crecientes y desarrollos territoriales insostenibles. Los casos de escándalo aparecen cada día en los periódicos. Y muchos otros no aparecen o no tanto como merecerían: sería interesante conocer con detalle el lucro cómplice que obtuvieron organizaciones políticas y sociales, de signo diverso, por su apoyo o no oposición a la recalificación de los terrenos del Real Madrid. En los últimos 15 años, el 50% aproximadamente del suelo urbanizable ha sido comprado por entidades financieras. Al beneficio especulativo se añadirá después el beneficio generado por la mayoría de familias españolas hipotecadas de por vida o casi. El resultado es un desarrollo extensivo de las áreas urbanas. Con un crecimiento mínimo o nulo de la población en dos décadas, el suelo urbanizado de las regiones de Madrid o de Barcelona se ha multiplicado por dos. Despilfarro de energía, de agua, de tiempo y de espacio y multiplicación de la segregación social. Es decir, pan caro para hoy y hambre para mañana, pero grandes beneficios corruptores para unos cuantos.

El suelo urbano o urbanizable nace de un proceso social de desarrollo formalizado luego por una decisión político-jurídica y las consiguientes inversiones públicas. No es aceptable que la mera propiedad expectante se apropie de un valor creado por el trabajo de todos y por la Administración pública. Entiendo que el actual contexto legal y económico no permita una socialización general del suelo urbano y urbanizable, pero hay medidas posibles y compatibles con el marco constitucional (no olvidemos que fija la función social de la propiedad y la obligación de los poderes públicos de remover los obstáculos que se oponen a los intereses generales). Se puede yugular la especulación urbana tasando de facto los precios del suelo, fijando unos usos mixtos para los desarrollos urbanos y unas cesiones de suelo (para vivienda social y protegida y equipamientos) que de facto reduzcan al mínimo las plusvalías, por medio de una activa política de promoción pública de la vivienda de alquiler, mediante instrumentos fiscales, etcétera. Si hoy faltan viviendas accesibles a los jóvenes y familias de ingresos bajos e incluso medios y si al mismo tiempo los beneficios especulativos y corruptores brillan en todo su esplendor es por complicidad o por incapacidad de los poderes públicos.

La conferencia de ministros temía a 300 posibles manifestantes. Sería lógico que la mayoría de los 300 millones de europeos se manifestara contra los gobiernos que no afrontan la cuestión de la vivienda. Casa y libertad puede ser hoy el equivalente urbano a la justa y revolucionaria consigna campesina de tierra y libertad del pasado.

Jordi Borja es geógrafo-urbanista.