El Gobierno impondrá a rumanos y búlgaros la moratoria "más breve posible"

El Gobierno ha llegado al acuerdo de imponer una moratoria a rumanos y búlgaros para que puedan venir a España como trabajadores dependientes después de su ingreso en la Unión Europea, el próximo 1 de enero. Así lo confirmaron ayer fuentes gubernamentales, que, sin embargo, precisan que aún no está decidido cuánto durará esa situación transitoria. El ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, dijo ayer que serán dos años. Trabajo trata de reducir ese plazo al mínimo y advierte de que no se decidirá hasta que finalice el diálogo con los interlocutores sociales.

El acuerdo de adhesión negociado por la UE con estos países establece un periodo de transición de siete años para la libre circulación de los trabajadores. La Comisión admite que cada país pueda reducirlo unilateralmente, hasta plazos que señala como de cero, dos o cinco años.

Un portavoz de Trabajo interpreta que Moratinos habló ayer de dos años, por considerar que ése es el periodo mínimo compatible con los planes del Gobierno, una vez que éste ha excluido la posibilidad de suprimir totalmente el periodo transitorio. El Departamento que dirige el ministro Jesús Caldera sostiene, sin embargo, según la misma fuente que, si se puede cancelar totalmente la moratoria, también tiene que ser posible hacerla inferior a dos años. Y esa es la posición que se va a mantener en Bruselas, con objeto de reducirla aún más, si fuera "técnicamente posible".

Trabajo prevé, además, que, a partir del 1 de enero, los trabajos de rumanos y búlgaros no tendrán que estar cubiertos por el llamado Catálogo de Ocupación de Difícil Cobertura, que incluye los empleos que no quieren realizar los españoles. También pretende que rumanos y búlgaros tengan prioridad a la hora de fijar el contingente de inmigración correspondiente a 2007 y su distribución en cupos nacionales. Todo esto, para los trabajadores nuevos que lleguen, porque los que ya tienen contrato adquirirán derechos permanentes y la plena libertad de residencia que corresponde a todo ciudadano europeo, incluida la de establecerse como autónomo. Moratinos dijo que en España hay unos 500.000 rumanos regularizados, a los que habría que sumar quizás otros 200.000 en situación irregular, según diversas fuentes.

Diferencias de criterio

Desde el Ministerio de Caldera se insiste en que la decisión definitiva sobre la moratoria no se cerrará hasta que finalice el diálogo abierto el pasado 25 de octubre sobre este tema con empresarios y sindicatos, que pidieron medidas transitorias para frenar la llegada de los nuevos europeos. Trabajo quiere concluir la próxima semana este proceso.

Las diferencias de interpretación explican que Caldera declarara ayer que el Gobierno no ha tomado todavía "ninguna decisión", después de que Moratinos anunciara la moratoria de dos años. El ministro de Exteriores añadió que España no ha cambiado de posición con respecto a la última ampliación, a diferencia del Reino Unido. Londres, que abrió las puertas desde el primer día a polacos y húngaros, ha sido ahora el primero en anunciar una moratoria para rumanos y búlgaros. Madrid redujo a dos años la moratoria de siete años que la UE fijó para los 10 países que ingresaron en 2004.

Moratinos hizo sus declaraciones en un desayuno organizado por la agencia Europa Press, en el que anunció que el presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema, hará una visita oficial a España el 15 de noviembre. En relación con la polémica desatada por esta invitación a un dirigente acusado de violar los derechos humanos, el ministro dijo que los españoles deben pensar si quieren no tener relaciones con Guinea y que, si las quieren, no hay más vías que el diálogo. También contó que el primer ministro guineano, Ricardo Mangue, le explicó el pasado día 24, durante su estancia en Malabo, que el Parlamento guineano ha aprobado una ley prohibiendo la tortura y que Obiang la respalda, de manera que ya no habrá más tortura en Guinea.

El ministro afirmó que, aunque el apoyo al proceso de paz en el País Vasco, "no está en la agenda" de la Cumbre Iberoamericana que se inaugura el viernes en Montevideo, "podría estarlo", porque no habría ninguna dificultad para obtenerlo. Moncloa volvió a descartar ayer que el presidente José Luís Rodríguez Zapatero, pueda llegar a plantear en la cumbre ese asunto.