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Un juzgado avala la suspensión de las licencias de un edificio en Grazalema

La obra supuso el desvió del río Guadalete

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número uno de Jerez ha dictado una sentencia por la que confirma la anulación de la licencia urbanística concedida a un edificio promovido por la empresa Inmocentral en la plaza de la Asamblea de Grazalema. Este inmueble, con 18 viviendas y locales comerciales, había provocado el desvío del río Guadalete a su paso por la localidad .

El Ayuntamiento de Grazalema había ordenado el pasado mes de julio la suspensión de la licencia concedida el 24 de agosto del pasado año a Inmocentral para un edificio de viviendas. Varios ciudadanos y colectivos ecologistas alertaron enseguida de que estos trabajos habían invadido el cauce del río Guadalete y que, incluso, lo habían desviado. Meses después intervino la Junta de Andalucía y la Fiscalía de Medio Ambiente. La última decisión, la de anular la licencia, fue la del Consistorio. Según advirtió entonces el Servicio de Asistencia a Municipios a petición del propio Ayuntamiento, Inmocentral había conseguido el permiso "mediante la manipulación de los datos, con lo que se legitimaría la comisión de una infracción urbanística muy grave".

Según se detectó entonces, en el proyecto presentado se había eliminado la referencia a la manzana y al cauce del río existente, con lo que se delimitaba el solar bajo un diseño que no era acorde con la realidad. Concretamente, los técnicos precisaron que el edificio invadía una extensión aproximada de 109 metros cuadrados fuera de la delimitación del suelo urbano y ocupaba dominio público del cauce.

La sentencia avala estos datos y confirma la suspensión de la licencia, que había contado con un informe favorable del entonces arquitecto municipal, Juan Prieto. Él y otras cuatro personas más, entre ellos dos responsables de Inmocentral, fueron detenidos en septiembre dentro de la Operación Pinsapar, que investiga el cobro de comisiones a cambio de obtener licencias de cobro. Este asunto, denunciado en Fiscalía, sigue su curso en procedimiento penal. Están imputados de delitos de cohecho, falsedad documental y contra la ordenación del territorio.

Tras conocer la sentencia, la alcaldesa de Grazalema, María José Lara (PSOE) anunció que ayer mismo encargó el proyecto para restituir la legalidad en este lugar.

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