Un promotor advierte que Oropesa habrá de pagar 118 millones si no le deja edificar

El presupuesto del Ayuntamiento de Oropesa durante los próximos 10 años puede estar comprometido. Un promotor ha remitido un escrito al consistorio oropesino en el que advierte de la responsabilidad patrimonial que le puede reclamar si persiste en la imposición de obstáculos para construir junto al complejo Marina d'Or, en un suelo calificado como urbano. El promotor anuncia la posibilidad de solicitar en el futuro "una indemnización económica derivada de los perjuicios ocasionados" por la no aprobación del programa de actuación integrada. La indemnización ascendería a 118 millones.

El PP convocó una sesión extraordinaria para acordar la denegación del PAI

Pese a que el escrito no indica qué cantidad podría reclamar el promotor por los perjuicios que le causaría falta de luz verde por parte del Ayuntamiento a dejarle construir, las tasaciones realizadas sobre el suelo por varias entidades cifran su valor en unos 118 millones de euros.

El gran problema de este Programa de Actuación Integrada (PAI), que no sale adelante, es su ubicación, junto al complejo Marina d'Or. Sobre el suelo urbano, en una superficie de alrededor de 33.000 metros cuadrados, el promotor, que también es propietario de parte del suelo, planea la construcción de cerca de 250 apartamentos.

El conflicto se remonta a hace varios años, cuando el promotor presentó un estudio de detalle para la zona incluida en el Plan General de Ordenación Urbana con la calificación de urbano. El Ayuntamiento recomendó la redacción de un PAI, en lugar del estudio de detalle, y así, en julio de 2005, presentó su propuesta y su oferta para el desarrollo de la zona. No hubo contrincantes. Y sólo dos alegaciones: una procedente de Iberdrola, que alega a todos los programas para el correcto funcionamiento de su red, y otra del grupo Marina d'Or.

El 1 de septiembre se procedió a la apertura de plicas en la que la única proposición era la de Explotaciones Patrimoniales del Mediterráneo. Entonces, se hizo el silencio. Pasaron los meses pese a que la ley estipulaba que "el plazo para que el Ayuntamiento pleno resuelva sobre la aprobación y adjudicación de un programa es de cuarenta días desde la fecha en que fuera posible adoptar el acuerdo".

Ante la falta de respuesta oficial, la sociedad consideró que el programa estaba aprobado provisionalmente, en virtud del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común que dispone que "el carácter positivo de la inactividad de las Administraciones es la garantía que se establece cuando no se cumple el verdadero objetivo de la ley, que es que los ciudadanos obtengan respuesta expresa de la administración y, sobre todo, que la obtengan en el plazo establecido". En marzo de 2006, Explotaciones Patrimoniales del Mediterráneo presentó un escrito ante la Consejería de Territorio, solicitando la aprobación definitiva del programa, después de entender que había sido aprobado provisionalmente por silencio positivo. Cuando el departamento de Territorio pidió al Ayuntamiento de Oropesa que informara sobre su resolución al respecto, dado que no existía ninguna determinación, el PP convocó una sesión extraordinaria para acordar la denegación del Programa de Actuación Integrada.

La base sobre la que se apoyó esta denegación fue la consideración de que las previsiones del PAI no eran compatibles con el concierto previo, un documento que señala las bases sobre las que se debe revisar el Plan General del municipio y que, según los técnicos consultados, no tiene carácter de "instrumento urbanístico", es decir, que no marca normas ni varía las recogidas en el PGOU. Además, el promotor considera que la denegación fue "extemporánea e ilegal, pues el silencio tenía sentido positivo". "El objeto de este escrito no es la impugnación del citado acuerdo (que en su caso se realizará posteriormente), sino el anuncio a la administración municipal de la posibilidad que alberga esta parte de realizar eventualmente una reclamación de responsabilidad patrimonial", advierte el escrito.