El Gobierno audita los últimos gastos de los antiguos gestores de las cámaras urbanas

El Gobierno vasco ha decidido pasar al contraataque en la batalla que mantiene con algunos de los antiguos gestores de las extintas Cámaras Oficiales de la Propiedad, y ha encargado una auditoría para conocer sus últimas decisiones económicas antes de la liquidación. El Ejecutivo quiere saber entre otras cosas, las cantidades abonadas a determinados bufetes de abogados, para pleitear contra el propio Gobierno, o el alcance de determinadas campañas de publicidad. El tripartito no descarta iniciar acciones legales si detecta, movimientos abultados de dinero.

El Gobierno no descarta iniciar acciones legales contra los responsables de gastos injustificados

El Gobierno ha esperado a retomar la iniciativa hasta no tener sobre la mesa las siete resoluciones judiciales que respaldan el decreto de liquidación de las cámaras como Corporaciones de Derecho Público. También ha ayudado a poner la maquinaria en marcha, el dictamen de la Agencia Española de Protección de Datos que otorga al Gobierno la propiedad de las bases de datos de los propietarios de fincas. Esa base de datos ha sido el objeto de deseo de los antiguos gestores de la cámara de Álava y de los de Vizcaya, ya que era el instrumento para poder cobrar las cuotas y comenzar a tener ingresos en sus nuevas asociaciones. De hecho, la nueva cámara de Álava lo hizo, al amparo de una resolución de la misma agencia de protección de datos, que fijó las condiciones para que pudieran usarlas. La nueva resolución considera que la base de datos es propiedad del Gobierno y es este quien ha de autorizar su uso.

Precisamente uno de los gastos que quiere controlar el Gobierno es el coste de la remisión de 240.000 cartas a los antiguos asociados para solicitarles su autorización y poder facturarles la cuota semestral. Las cartas las enviaron los miembros de la nueva asociación de propietarios de Vizcaya.

Auditores

La auditoría ha sido encargada a la misma empresa que detectó, hasta 2002, que la gestión de las cámaras, sobre todo de Guipúzcoa, y algunos años de la de Vizcaya, estaban siendo deficientes y se estaban comiendo su patrimonio debido a unas desproporcionadas estructuras de gastos.

El Ejecutivo tuvo conocimiento en diciembre de 2003 de una auditoría que reveló graves deficiencias en la gestión de las cámaras de la propiedad, especialmente en las de Vizcaya y de Guipúzcoa, que provocaron entre 1999 y 2002 importantes pérdidas de su patrimonio.

La auditoría detectó además que ambas tenían una "desproporcionada" estructura de personal y de gastos, que hacía insostenible su mantenimiento a medio plazo. Los departamentos de Hacienda y Vivienda, con ese documento en las manos pactaron en febrero de 2004 iniciar los trámites para proceder a la liquidación de las cámaras, que tenía que haber comenzado diez años antes. El Gobierno central abrió ese proceso en 1994 con un Real Decreto que comenzó a aplicarse en el resto de España.

La empresa ABM Auditores ha recibido el encargo de retomar esos trabajos donde los dejaron, en diciembre de 2002 y continuar hasta la fecha de aprobación del decreto de liquidación, en enero de 2006.

Entre 1999 y 2002 la Cámara de Guipúzcoa perdió 910.346 euros. La de Vizcaya vio disminuir en 1,1 millones el valor de su patrimonio en acciones. En cuatro años fundieron en total el 11,3% de los 17,6 millones de patrimonio que acumulaban. Ante esa situación, en septiembre de 2004, todos los partidos políticos respaldaron en el Parlamento vasco la liquidación de las cámaras.

La auditoría sólo salvaba la situación de la de Álava, que con las tarifas a sus asociados, las más bajas de las tres cámaras, mantenía un elevado nivel de actividad que le permitía obtener resultados positivos.

A pesar de la caída de ingresos que sufrieron las cámaras desde que dejó de ser obligatorio registrar las propiedades inmobiliarias en ellas (lo fue de1927 a 1990), las retribuciones de sus directivos no se modificaron. El ex secretario general de la Cámara de Vizcaya, Francisco Javier Arechaga, tenía en 2002, último año de la auditoría oficial un sueldo bruto anual de 116.086 euros, y el de Guipúzcoa, Marcos Ballesteros, 73.357. Éste último recibía retribuciones en especie -por arrendamiento de vivienda- por valor de otros 16.222 euros. En Álava no había secretario general.

El Gobierno sabe que los antiguos gestores de las cámaras oficiales de Vizcaya y de Guipúzcoa, contrataron diversos gabinetes jurídicos y varias campañas de publicidad con el fin de mejorar su imagen, bastante deteriorada, tras conocerse la situación que describía la auditoría. Unos gastos que molestaron al Ejecutivo autonómico, quien ya tenía la tutela de las cámaras, sobre todo porque el objetivo final era combatir al propio Gobierno. Las siete sentencias judiciales contrarias a los antiguos gestores de las cámaras han demostrado que se trató de un gasto evitable.

Además, se trataba de dinero que ya estaba bajo la órbita del sector público, puerto que la mayor parte del patrimonio fue adquirido por las cámaras durante el periodo en que la pertenencia a las cámaras oficiales era obligatoria, y la cuota casi una tasa. El Ejecutivo no descarta iniciar acciones legales contra los responsables de esos gastos si percibe desembolsos económicos que no estén plenamente justificados.