Bruselas llama al orden
La Comisión Europea está decidida a poner orden en el sector de la distribución comercial en España. Primero han sido las llamadas de atención sobre la maraña legislativa que crea inseguridad jurídica y frena las inversiones y el empleo, después la denuncia sobre la ley catalana que restringe la apertura de grandes superficies y centros comerciales, y ahora le toca el turno a los plazos de pago a proveedores.
Atendiendo a una denuncia de la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), el Colegio de Comisarios de la Unión Europea ha denunciado a España ante el Tribunal Europeo de Luxemburgo por lo que considera una transposición incorrecta de la directiva europea sobre medidas de lucha contra la morosidad en las transacciones comerciales. Y es que, a criterio de la CE, el plazo máximo de 90 días que fija la legislación española para pagar a los proveedores en los productos no perecederos, supone la tolerancia de posiciones abusivas en la libertad de contratación para proporcionar al deudor una liquidez adicional en perjuicio de los acreedores. Con esta denuncia, Bruselas entra de lleno en una de las batallas inacabadas del sector de la distribución comercial y que supone un perjuicio para los pequeños comercios muy superior al de la libertad de horarios y aperturas.
En efecto, la dilación en los plazos de pagos a los proveedores, que para la media de las diez primeras cadenas de distribución en España es actualmente de 74 días, supone la consolidación de una posición de dominio de las grandes superficies sobre fabricantes y pequeños comerciantes, que no sólo vulnera los principios de la libre competencia, sino que les supone una fuente de financiación encubierta y generadora de importantes beneficios.
Así, la dilación en el pago de los productos, que habitualmente se venden al consumo mucho antes del vencimiento establecido, produce un beneficio adicional al comerciante derivado de los intereses generados en el periodo que transcurre entre la venta del producto y su pago al proveedor, convirtiendo a los hipermercados y grandes superficies en una especie de "entidades financieras" que actúan en su propio beneficio.
