Cómo hemos llegado a esto

Tras ocho años de boom urbanístico, la corrupción aflora por todos los rincones de España. Y sus mecanismos, hasta ahora subterráneos, quedan al descubierto. El método más conocido es el denominado pelotazo. Hay varias formas de darlo. Por ejemplo, una modificación en un convenio urbanístico entre un promotor y un ayuntamiento puede suponer millones de beneficios de golpe. Otra modalidad es el cambio de uso de suelo, con la que el dueño puede obtener plusvalías que ya querrían empresas en Bolsa (y sin poner un ladrillo). También es frecuente el aumento de la edificabilidad de una urbanización, un cambio en el papel que permite al constructor disparar sus ganancias.

Como dice el fiscal coordinador de Urbanismo, Antonio Vercher, "donde hay mucha construcción, hay más delincuencia". Por eso España es el lugar idóneo. La Ley del Suelo de 1997 convertía casi todo el suelo en susceptible de ser urbanizado y dio sus frutos: entre 1990 y 2005 la superficie edificada aumentó un 40%, a un ritmo de 800.000 viviendas anuales (tantas como Francia, Alemania y Reino Unido juntos). Desde 1998, los precios de los pisos han subido un 150%. España, con un tercio de los billetes de 500 euros de la UE, es el paraíso del dinero negro. Las autonomías han recalificado tanto suelo que el proceso es irreversible. Promotores, especuladores e intermediarios tienen suelo para seguir urbanizando durante décadas.

La situación ha creado una generación de ricos del ladrillo: promotores salidos de la nada, constructores en quiebra por la crisis de principios de los noventa, comisionistas, políticos a los pies de los constructores, empresarios que graban a los políticos... Y todo de forma casi impune. Con una justicia que rara vez paraliza de forma cautelar una obra; con una fiscalía escasa de medios contra la corrupción, con tribunales que tardan años en sentenciar y que, cuando lo hacen, llegan a ser ignorados. Éstas son las raíces del escándalo.

La recalificación

El pelotazo en sentido estricto se basa en la reca-lificación. Mediante este instrumento legal, alguien que ha comprado un terreno no urbanizable logra que pase a urbanizable. El terreno ha sido recalificado (oficialmente, reclasificado) y ya se puede construir. Lo suyo entonces es vender el solar para que otro lo construya a cambio de tres, cuatro, diez veces más de lo que costó inicialmente. Resultado, beneficios millonarios sin arriesgar dinero. Porque construir implica un riesgo: contratar personal, invertir, edificar, vender las viviendas...

El Ayuntamiento de Carboneras, del PSOE, sacó a concurso dos parcelas (600.000 metros cuadrados en total, 60 campos de fútbol) rústicas junto al hotel del Algarrobico en 2003. Las adjudicó por 3,6 euros el metro cuadrado a dos empresas locales y en nueve meses las recalificó, con lo que su valor se multiplicó. Está a falta de que lo apruebe la Junta de Andalucía.

Convenio urbanístico

El catedrático de Ciencia Política Manuel Villoria afirma que los convenios urbanísticos son "un nido de corrupción". Mediante estos convenios, totalmente legales, un promotor que tiene suelo no urbanizable negocia con el Ayuntamiento la recalificación y cuánto podrá construir si paga dinero. Así soslaya el Plan de Ordenación Urbana, que regula el urbanismo de la ciudad y que se hace cada varios ocho años.

Los convenios han proliferado en los últimos años y con ellos se han diseñado urbanizaciones en pequeños pueblos. Así, dos constructoras compraron 453 hectáreas protegidas junto al Guadiana en El Granado (600 habitantes, en Huelva). El 5 de abril de 2006 firmaron con el alcalde un convenio en el que éste se comprometía a recalificar el suelo a cambio de 3,3 millones de euros y el 10% del terreno. Las empresas podrían urbanizar allí 3.088 chalés, hotel y campo de golf. El alcalde, Juan Burga, del PSOE, defiende el proyecto.

Viviendas ilegales

En toda España, pero principalmente en la costa, proliferan las viviendas ilegales, casas en terreno rústico. Entre enero de 2005 y junio de 2006, la Guardia Civil ha denunciado 12.832 construcciones ilegales, 24 al día. Y sin embargo es la punta del iceberg. En la huerta de Valencia o de Murcia era frecuente que los particulares levantasen casas en sus terrenos sin permiso. Son casas para uso particular que consiguen abastecimiento de agua y luz de forma alegal y que con el tiempo acaban amnistiadas.

Sin embargo, ya hay casos de urbanizaciones construidas en terreno no urbanizable. En Málaga, a base de reparcelaciones en terreno rústico y amparándose en la ley que permite construir un chamizo para aperos de labranza, hay 9.000 chalés ilegales, la mayoría vendidos a extranjeros, y que ahora serán legalizados. En Zurgena (Almería), la fiscalía ha pedido el procesamiento de todos los concejales por permitir 1.300 chalés en suelo rústico.

Justicia ineficaz

Greenpeace ha contabilizado un centenar de denuncias y sumarios abiertos por delitos urbanísticos sólo en el litoral, pero la justicia rara vez frena las obras. Un fiscal de Urbanismo admite: "No tenemos medios. Llegamos a los casos que afloran por denuncias o por un empresario cabreado, pero no alcanzamos a saber si en los convenios urbanísticos hay un acuerdo previo y corrupción".

Este fiscal lamenta la dificultad para paralizar cautelarmente obras. Los jueces son reacios a concederlas porque el daño al promotor es muy grande si al final se demuestra que la obra es legal. Así que, como en Cantabria, cuando llegan sentencias que anulan una urbanización, las viviendas están ya construidas. A veces, como en Las Navas del Marqués, la sentencia llega antes de que entren las máquinas. Eso no ha evitado que el constructor Francisco Gómez, El Paloma, haya talado unos 5.000 pinos con el argumento de que nadie ha pedido la ejecución de sentencia.

Dinero negro

El sector inmobiliario es tradicionalmente uno de los refugios predilectos para el blanqueo de dinero. Es una evidencia que nadie discute. Por eso, el boom del sector ha disparado las alarmas. Una de ellas es muy significativa: en España circulan un tercio de los billetes de 500 euros de la Unión Europea

Otros factores contribuyen a situar a España como uno de los paraísos para el lavado de dinero, pero casi todos ellos están relacionados con el urbanismo. Destacan los escasos controles que había hasta hace unos meses sobre las actividades de notarios y registradores, elementos fundamentales para que se produzcan operaciones de lavado con inmuebles de por medio.

La Operación Ballena Blanca, en la que se intervino la urbanización La Alcaidesa, en la Línea de la Concepción, demuestra cómo delincuentes extranjeros utilizaban España y las viviendas para poner a buen recaudo sus inversiones.

Nuevos poderosos

Los años de la explosión urbanística han hecho proliferar promotores que se convierten en multimillonarios con tentáculos en otros negocios. Como Francisco Hernando, Paco el Pocero, que levanta una megaurba-nización de 13.000 viviendas en un secarral de Seseña, en Toledo. Sólo 14 días antes de la recalificación compró el 44% del suelo. Hernando nació en un barrio muy humilde y apenas aprendió a leer y escribir, según su autobiografía. Ahora comanda un yate que recuerda al Titanic. Hernando ha dado el salto a gestionar aviones privados.

Pedro García Meroño y Facundo Armero eran hace cinco años dos desconocidos y hoy son dueños de Polaris World, adjudicatarios de la televisión autonómica de Murcia y socios en otros negocios del número tres del PP murciano, Antonio Sánchez Carrillo. Fidel San Román, constructor de casi todo el municipio madrileño de Las Rozas, obtuvo la adjudicación de la plaza de toros de Las Ventas.

Partidos

La ONG Transparencia Internacional, que cada año elabora un informe sobre la corrupción en el mundo, ha denunciado que en España existen partidos pantalla en la costa con el fin de controlar el urbanismo. En las negociaciones de las alianzas de gobierno, el urbanismo suele ser la pieza más codiciada.

Con la proliferación de casos de corrupción, el PSOE ha anunciado mano dura y que no presentará en las municipales de 2007 a los cargos de los que tenga sospechas de corrupción. El PSOE ha expulsado al alcalde de Ciempozuelos, al de Aldea del Fresno y al de Morata (en Madrid), y también ha forzado la salida del de Los Alcázares (Murcia). El PP sostiene que la corrupción no le afecta y mantiene a los alcaldes de Alicante, Orihuela y Torrevieja, La Línea de la Concepción y Tui, entre otros, que están imputados. Aunque persiste la sospecha de que las comisiones financian los partidos, no hay casos demostrados.

Otros implicados

La corrupción urbanística no se puede entender como un suceso aislado donde sólo intervienen dos partes, el sobornado y el que soborna. Generalmente, en toda operación urbanística intervienen otros agentes en calidad de "profesionales". Y el problema aparece cuando miran para otro lado.

Es el caso de notarios y registradores de la propiedad, de asesores fiscales y despachos de abogados, además de las instituciones bancarias. Todas las operaciones urbanísticas de cierto tamaño requieren la intervención de estos profesionales y de estas instituciones. Otra cosa es su grado de compromiso a la hora de poner en conocimiento de las autoridades todas aquellas actuaciones que resulten sospechosas. Muchas viviendas ilegales se han financiado con hipotecas, muchas urbanizaciones sospechosas han recibido un crédito bancario. Y es evidente que los mecanismos de control no han funcionado debidamente.