Los rumanos quieren residencia... y trabajo

"Los teléfonos no han dejado de sonar en toda la mañana. Se ha producido una alarma social entre los búlgaros, que no saben cuál sera su situación cuando llegue el 1 de enero". Katya Doseva, responsable social de la Asociación de Inmigrantes Búlgaros en España Balcan, (AIBE Balcan), explicaba así ayer a EL PAÍS, cuál ha sido la reacción de sus compatriotas después de que se publicase la noticia de que los dos sindicatos mayoritarios españoles, UGT y Comisiones Obreras, y la patronal hayan pedido al Gobierno que los ciudadanos búlgaros y rumanos no consigan directamente el permiso de trabajo cuando entren en la Unión Europea el 1 de enero de 2007.

La misma preocupación compartían los ciudadanos rumanos. Gelu Vlasin, portavoz de la Federación de asociaciones de rumanos en España (FEDROM), aseguraba que "el temor por una posible avalancha de inmigrantes es infundado. Lo cierto es que los rumanos tienen trabajo aquí, aunque sea de forma irregular, y lo que quieren es normalizarse y pagar sus impuestos".

"¿Qué les va a pasar cuando entren en la UE? ¿Seguirán siendo irregulares?", dice Katya

Esta es la primera ampliación de la UE en la que entrarán países para los que el destino preferente de emigración es España. El número de búlgaros con tarjeta de residencia asciende a 55.000, y el de rumanos en situación regular se eleva hasta los 189.000. Mientras, los inscritos en el padrón, que podrían ser irregulares, ascienden a 110.000 y 193.000, respectivamente.

La propuesta de sindicatos y patronal se acerca a la de algunos países comunitarios como Australia, Alemania, Bélgica, Francia y Luxemburgo, que apuestan por un período transitorio que permita absorber el flujo migratorio desde estos países de nueva entrada. Aunque el Gobierno no ha tomado una decisión, según Ana María Corral, responsable de inmigración de UGT, lo mejor sería "la construcción de una política común europea", aunque se apostará porque el período sea corto y flexible. "Esto no supondrá el cierre al mercado laboral durante ese tiempo, sino que durante un tiempo tendrán que venir con un contrato de trabajo, aunque beneficiándose de la preferencia que supone ser ciudadanos europeos".

Para estos colectivos, sin embargo, la noticia ha caído como un jarro de agua fría y la impresión general es que "intentan protegerse de algo que todavía no ha sucedido", según Katya. "El 1 de enero todos nos levantaremos de la cama siendo comunitarios pero ¿qué sucederá entonces? Yo no sé si el anuncio ha sido prematuro pero sí que ha tenido un efecto negativo. Estamos luchando día a día por la integración y no hay que dar esa imagen. La migración es algo natural. Todos los países son lugares de paso, de inmigración o de emigración en algún momento, por lo que no se debe dar esa impresión negativa sino entender".

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó ayer tras el Consejo de Ministros que la postura que adoptará España no será "tan dura como la que ha adoptado el Reino Unido", en alusión a las limitaciones que ha impuesto ese país a los trabajadores rumanos y búlgaros, especialmente los no cualificados, que sólo podrán trabajar en la agricultura y en la industria alimentaria. Fernández de la Vega señaló que el Gobierno está valorando la opinión de la patronal y los sindicatos.

Gelu Vlasin explica que sus compatriotas "estaban muy ilusionados con la entrada en la UE". Y muchos le han llamado para transmitirle su descontento. "Esto supone para nosotros una decepción, porque España siempre se ha caracterizado por una política sobre inmigración más abierta que otros países europeos. Esta vez los sindicatos se equivocan. Si Francia o Alemania dicen que tomarán medidas, lo entendemos, pero que lo diga España...", concluye el portavoz de FEDROM, que aglutina a 26 asociaciones de rumanos de todas España.

"La principal preocupación de los usuarios es el marco legal. ¿Qué les va a pasar cuando sean comunitarios? ¿Seguirán siendo irregulares? ¿Podrán normalizar su situación? El Gobierno no ha tomado una decisión y la opinión pública se está cargando. No se debe engordar el asunto

", explica Katya.

Tihomir Nikolov, secretario de AIBE Balcan, comparte con su compañera Katya el rechazo a la moratoria propuesta por los sindicatos. "Me parece frívolo lo que se está planteando. La gran mayoría de los que están aquí están regresando a Bulgaria porque ahora la situación allí ha mejorado notablemente. El país está creciendo y se dan posibilidades de trabajar y montar negocios allí". Pero además, Tihomir considera que la moratoria va a tener un reflejo negativo en las próximas elecciones municipales, en las que los búlgaros, al igual que los rumanos en situación regular que así lo soliciten en la Oficina del Censo Electoral, podrán ejercer su derecho a voto como ciudadanos comunitarios.

Para el representante de FEDROM, Gelu Vlasin, la situación de los rumanos es parecida: "En Rumanía falta mucha mano de obra. En una fábrica textil hay trabajando 300 chinos y están llegando trabajadores de Ucrania para compensar el déficit. Con la situación actual, el 99% de los que están aquí están trabajando, pero sin contrato". Si se retrasa el acceso al mercado de trabajo lo único que se conseguirá según Vlasin, "es prolongar una situación en la que los trabajadores sigan sin pagar los impuestos que estarían encantados de pagar".

La ATIBE Balcan trabaja para la integración de sus ciudadanos, organiza cursos de búlgaro y actividades en las ciudades donde su colectivo es numeroso, por lo que se siente "decepcionada por la propuesta". Ya sabemos que somos europeos, que tendremos libre tránsito y por otro lado se habla de restricciones: si se aplica, será muy negativo. Irá en contra de todo por lo que estamos luchando, la integración, el conocimiento mutuo...