Italia aprueba el marco tarifario que cambia el valor de Autostrade

La fusión de Abertis y Autostrade encajó ayer un duro golpe, que, si bien no es definitivo, complica la viabilidad del proyecto. El decreto que establece un nuevo marco de tarifas para las concesionarias de autopistas -que tendrá un impacto sobre la previsión de ingresos futuros de Autostrade, sobre su valoración y sobre el canje de la operación de fusión- fue aprobado ayer por la Cámara de Diputados italiana sin las modificaciones a que ambos grupos condicionaban la viabilidad de la concentración.

"Este decreto, tal y como está, impide la fusión, porque nuestro proyecto se aprobó bajo otras reglas de juego y no se quiere cambiar el canje pactado y aprobado", valoraron ayer fuentes de Abertis, que insistieron en que ambas empresas "no han tirado la toalla, continúan teniendo la voluntad de fusionarse y siguen abiertas al diálogo". Eso sí, manteniendo un canje de una acción de Autostrade por 1,05 acciones de Abertis. Las esperanzas de la compañía están depositadas, por una parte, en la tramitación del decreto en el Senado italiano, donde podría votarse artículo por artículo, y, por la otra, en que el comisario europeo de Mercado Interior, Charlie McCreevie, cargue contra la nueva norma cuando se pronuncie sobre la fusión.

Italia ha incluido la reforma del sistema de tarifas que las autopistas pagan al Estado en la ley de presupuestos para 2007, cuya aprobación fue convertida la medianoche de ayer en un voto de confianza por el presidente de Gobierno italiano, Romano Prodi.

Las trabas a la fusión que sí se han eliminado son las referentes a la presencia de las constructoras en el capital de las concesionarias y a las limitaciones inicialmente impuestas sobre sus derechos de voto. Abertis ha notificado a Bruselas que estos cambios no bastan y que el nuevo sistema tarifario "contraviene las recientes decisiones comunitarias". La Comisión Europea ha aprobado sin condiciones la fusión porque, a su juicio, no plantea problemas de competencia. El pasado 18 de octubre, Bruselas dio un plazo de 10 días al Gobierno italiano para justificar sus obstáculos a la fusión, calificados de ilegales por el Ejecutivo comunitario.