El alcalde de Estepona suspende todos los convenios urbanísticos hasta mayo

El alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, (PSOE) decidió ayer suspender todos los convenios urbanísticos previstos por el consistorio hasta las elecciones de mayo de 2007. La decisión sucede a la retirada del pleno de dos de estos acuerdos tras las amenazas de IU y PP de llevarlos a la Fiscalía. "El urbanismo se está criminalizando, y aunque en todos lados hay golfos y chorizos, este clima de crispación perjudica a Estepona", alegó.

Barrientos rectificó ayer una vez más y quiso despejar las dudas que cada cierto tiempo se ciernen sobre Estepona a causa de polémicos convenios urbanísticos, y que le han enfrentado con la política de ordenación del territorioque el PSOE quiere imponer en la Costa del Sol. "Mis convenios son inmaculados, pero se ha creado un clima de crispación en zonas limítrofes y Estepona no puede estar pendiente de ser relacionada con la operación Malaya".

El pasado jueves la secretaria general del PSOE en Málaga, Marisa Bustinduy, advirtió de que las directrices dadas desde el ámbito federal del partido "son de estricto cumplimiento para todos los alcaldes, y cualquier alcalde que se salga de esa línea obtendrá la misma repulsa".

El alcalde de Estepona explicó que todos los convenios esperarán de este modo hasta la revisión del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, y que será el nuevo gobierno elegido tras las próximas elecciones "el que tome todas las decisiones". "Se acabaron los convenios de planeamiento en Estepona", afirmó rotundo.

Barrientos reconoció que esta decisión tendrá "repercusiones negativas" para la ciudad, por lo que criticó duramente "la campaña de difamación y calumnias de algunos, que han atacado a las personas y han echado toda la basura de la política, lo que repercute negativamente en la imagen de Estepona".

El portavoz del Partido Popular en Estepona, Ignacio Mena, señaló ayer que la severa decisión de Barrientos, que gobierna en coalición con el Partido de Estepona (PES, ex gilistas), vino motivada por la falta de apoyos para sacar adelante en el pleno municipal de ayer el convenio urbanístico que aumentaba la edificabilidad del campo Atalaya Golf para construir 135 nuevas viviendas.

Para aprobar el convenio, Barrientos hubiera necesitado los votos de los concejales del Partido Andalucista. Sin embargo, estos evitaron pronunciarse sobre el acuerdo con la mercantil Atalaya Golf & Country Club, ya que los concejales socialistas David Valadez y Cristina Rodríguez no acudieron al pleno.

Desmentido al PP

El regidor esteponero desmintió que los terrenos del convenio de Atalaya Golf pertenezcan a la empresa Construcciones Salamanca, cuyo propietario, Emilio Rodríguez Bugallo, está imputado por cohecho en el caso Malaya, como dijo el PP. A pesar de que el convenio está redactado por parte de la mercantil Atalaya Gollf & Country Club Intel S. A., un portavoz de Construcciones Salamanca confirmó ayer a este diario que "al menos una parte de los terrenos sobre los que se ubica el campo" pertenecen a la promotora.

Barrientos insistió en que los convenios "se aprueban en función de su legalidad, no en quien esté detrás de ellos". "A día de hoy este Ayuntamiento está impoluto en estos aspectos", afirmó. El alcalde hizo hincapié en que el urbanismo lleva paso lento en Estepona, y apuntó que de las 120 propuestas de convenios a cuenta del futuro PGOU que han llegado al Ayuntamiento, sólo una docena han llegado a buen puerto.

Por su parte, el primer teniente alcalde, José Ignacio Crespo (PES), manifestó que se trata de una "mala noticia" para la ciudad, porque "se paralizarán importantes inversiones debido a que se producirá una merma de ingresos". Crespo advirtió de que "algunas áreas se tendrán que ver afectadas y habrá pagos pendientes que no se podrán realizar".

Así, la corporación no llegó a debatir el convenio con la promotora Mundo Studios, por el que se triplicaba el techo de edificabilidad de una parcela en la barriada Cancelada y se permitía el cambio de uso del suelo de comercial a residencial, a cambio de unos ingresos de 1,14 millones de euros, aunque las plusvalías alcanzarían los 16 millones, según denunció Izquierda Unida. La coalición de izquierdas anunció su intención de llevar este convenio a la Fiscalía Anticorrupción en el caso de que se aprobara.

El portavoz del PP, Ignacio Mena, insistió en que si hay acuerdos que se dejan sobre la mesa "es por algo", aunque criticó que hasta la fecha el equipo de gobierno haya acordado 14 convenios a cuenta del PGOU, lo que "ha encorsetado su redacción", como ya anunció el arquitecto encargado de su elaboración, Enrique Bardají.