"El cambio no era para que surgiera cualquier cosa"

"Sólo faltaba que ahora nosotros nos enteráramos de todas las transacciones de todo el mundo". La alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar (IU), respondió ayer así a la pregunta de si su partido conocía las compras de terreno que ha realizado el constructor Rafael Gómez en el área protegida de Medina Azahara. "De esas cosas no tiene notificación el Ayuntamiento", insistió la regidora en una conferencia de prensa.

IU y PP, principal fuerza de la oposición en Córdoba, aprobaron en el último pleno municipal una moción en la que se instaba a la Junta de Andalucía a que redujera la zona de protección de Medina Azahara. Según el razonamiento que hicieron ambas formaciones, esta medida implicaría que tres urbanizaciones ilegales (con unas 240 casas edificadas al margen de la reglamentación) se quedarían fuera de la zona BIC y podrían ser regularizadas en un futuro. Pero, si la Administración autonómica accediera, también estarían libres de esa protección las cinco fincas que el constructor Rafael Gómez ha comprado en la zona.

"A ver si algunos se van a pensar que la modificación comportaba que ahí emergiera cualquier cosa. Radicalmente, no". Aguilar sostuvo que en esa zona, además de la tutela de la Junta, hay un plan de protección de Medina Azahara. "Esa zona es sagrada para el Ayuntamiento y para la Junta", repitió la alcaldesa.

Aguilar compareció acompañada del responsable de Urbanismo, Andrés Ocaña, y de tres mapas del entorno de la ciudad califal. El "punto y final" de una "polémica que no lleva a nada" que había pedido la alcaldesa el día anterior duró poco. Porque la mayor parte del tiempo la utilizaron ayer Aguilar y Ocaña para acusar a la Junta de no haber pedido su opinión sobre la ampliación de la zona BIC de 2003. "No se consultó (...) se informó de que se iba a ampliar", dijo Ocaña. IU presentó un par de documentos que reforzaban sus declaraciones. Sin embargo, la Junta, minutos después, distribuyó sus papeles. En la documentación se demostraba que sí se informó en julio de 2002 al Ayuntamiento sobre la ampliación de la zona de BIC y se le dio un plazo de 15 día para que presentara alegaciones al texto. Pero el Consistorio no hizo ninguna.

Al margen de polémica se puede deducir algún acercamiento, aunque mínimo. Aguilar dijo que "no es tan importante" que la zona BIC se reduzca. Eso sí, "si se tiene en cuenta las viviendas que hay construidas en la zona y, si buscando el acuerdo institucional y vecinal, se llega a una resolución".